Incertidumbre y tiempos difíciles se avizoran para la Libertad de Prensa en Nicaragua con la nueva administración del presidente Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo. A pesar que en la campaña electoral prometió respetar la Libertad de Prensa, ahora parece que ésta se limitará a sus intereses, según reza un documento elaborado por la Primera Dama, Rosario Murillo, sobre la estrategia de comunicación del Gobierno y que dice textualmente: “Vamos a usar nuestros medios, para que nuestra información salga incontaminada, directa, como hicimos durante la campaña”.
Eso a pesar de que ya como Presidente electo, el día 25 de noviembre de 2006 Ortega se reunió con la Asociación de Medios Independientes integrada por El Nuevo Diario, Canal 8 de TV, Canal 10 de TV, Canal 12 de TV y la Unión Nicaragüense de Radiodifusión (UNIR), que aglutina a 150 emisoras del país. A esa asociación no pertenecen LA PRENSA, el Canal 2 de TV y Radio Corporación, líderes en medios escritos, televisados y radiales, y por lo tanto no participaron en el encuentro con Ortega, pero lo que se trató en esa reunión se hizo público.
Ortega prometió a esa Asociación de Medios “un respeto irrestricto a la libertad de expresión”, se excusó por “la censura a la que obligaba una situación de enfrentamiento, y que llevó a excesos, a extremos que tenemos que reconocer” en la década de los ochenta, durante su gobierno anterior. Continuó diciendo Ortega que “la libertad de expresión no tiene límites en Nicaragua”. Y agregó que la publicidad gubernamental se ha distribuido anteriormente de una manera sesgada en términos políticos y que debemos evitar eso.
Por último prometió impulsar un listado de las exoneraciones que los medios gozan constitucionalmente y que fueron cercenados con un artículo de la ley tributaria que pretende regularlas.
El primero de febrero del 2007, LA PRENSA publicó una carta fechada el 29 de enero, del Ministro de Hacienda, en la que ordenaba congelar toda la propaganda del Estado y dejaba la coordinación y autorización de esta actividad a doña Rosario Murillo, la que es coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía de la Presidencia. En la carta se advertía que ésta era del manejo exclusivo de ministros y directores para tener la confidencialidad requerida. La publicidad asignada en el presupuesto, este año, suma 90 millones de córdobas, unos cinco millones de dólares. La señora Murillo dijo que ella no manejaría este presupuesto y que lo que querían lograr era una política de austeridad y ahorro, ya que están en una fase de ordenamiento para ver cuál será su política de comunicación.
Esta publicación trajo múltiples protestas de diputados, periodistas y políticos. Jamileth Bonilla, diputada por ALN declaró que se está formando un “súper poder” y la única arma que queda es la Asamblea. El diputado del PLC, José Pallais, declaró que esto era la “punta del iceberg”. Y el Secretario de la UPN, Juan Ramón Huerta, dijo que el Estado “no es un donante” y que la publicidad es un servicio.
Por su parte el presidente Ortega declaró que “dos medios de comunicación importantes consumían aproximadamente el 80 por ciento de la publicidad del Gobierno”. Esta aseveración fue refutada tanto por El Nuevo Diario como por LA PRENSA que publicaron un estudio serio de la empresa costarricense Media Gurú, del año 2006, en que se demuestra que LA PRENSA obtuvo el 13.3 por ciento de la publicidad estatal, El Nuevo Diario el 10.9 por ciento y el Canal 2 de TV el 19.2 por ciento. Por su parte, César Espinoza, Presidente de ONAP (Organización Nicaragüense de Agencias de Publicidad) declaró que el congelamiento de la publicidad perjudicaría a los medios pequeños. Espinoza declaró que para LA PRENSA la publicidad estatal era sólo el 2 por ciento y para El Nuevo Diario el 3 por ciento, pero para Radio Nacional es el 33 por ciento y para una radio pequeña como Radio Mía es el 13 por ciento. Varios periodistas y políticos denunciaron que el congelamiento de la publicidad era el preámbulo para usarla como premio o castigo a los medios y periodistas, violando el Principio 7 de la Declaración de Chapultepec que Ortega firmó en julio de 2001, siendo candidato ese año.
La publicidad del Gobierno en el Diario LA PRENSA bajó un 31.8 por ciento en el mes de febrero de 2007 en comparación al mismo mes del año 2006. El volumen en el mercado de anuncios de periódico también bajó un 14.7 por ciento, no se pudo comprobar datos en otros medios, pero la APN, Asociación de Periodistas de Nicaragua, declaró que muchos radioperiódicos pequeños están a punto de cerrar por falta de publicidad.
El día 20 de febrero el Presidente arremetió contra los medios, especialmente contra LA PRENSA. Ortega dijo en la reunión anual de los mandos policiales que los medios de comunicación deberían pagar impuestos para mejorar el salario de los agentes policiales. Ortega no aclaró que los medios pagan todos sus impuestos y solamente y por mandato constitucional están exentos la introducción de papel, equipos y materia prima directa de la producción. Ni dijo que este derecho ha sido revertido por una regulación de la Constitución en la ley tributaria, que estipula que los medios pagarán impuestos por la introducción de esos insumos una vez hayan importado más del 2.5 por ciento de sus ventas anuales del período fiscal anterior.
El presidente Ortega declaró que los medios recibían 22 millones de dólares en exoneraciones, pero fue refutado por expertos, entre ellos el ex viceministro de Hacienda, René Vallecillo, especialista en asuntos fiscales quien aclaró que entre todos los medios reciben entre 40 y 50 millones de córdobas, equivalentes a entre 2.2 y 2.7 millones de dólares, parte de estos impuestos exonerados es el impuesto sobre ventas que se recupera en parte al comprar insumos para la fabricación de los periódicos.
Los medios introdujeron un recurso de inconstitucionalidad contra este artículo de la ley tributaria porque una ley ordinaria no puede regular una exoneración constitucional. La regulación cabría en cuanto a los insumos o las maquinarias que están exoneradas.
Estas exoneraciones vienen dándose constitucionalmente desde la Constitución de 1950, en el tiempo del primero de los Somoza y tienen el objeto de abaratar la información y además para que los impuestos que pagan los medios no estén a la discrecionalidad de cualquier gobernante que por este medio quiera coartar la libertad de prensa.
Dos días después LA PRENSA reveló un documento secreto de 30 páginas, preparado por la esposa de Ortega y lo publicó íntegro en su página web. El documento en relación a la prensa nacional afirma: “Vamos a usar nuestros medios, para que nuestra información salga incontaminada, directa como lo hicimos durante la campaña”. Cabe recordar que durante la campaña, la estrategia usada por el Frente Sandinista fue de silencio y pocas declaraciones del candidato Ortega. En cuanto a la agenda gubernamental el documento dice: “Nosotros delimitaremos el terreno de la discusión y procuraremos que los demás discutan esta agenda, es decir nuestra estrategia debe ser Pro-Activa y no Reactiva” y potenciar la idea de que “el pueblo es el presidente”. Este es el slogan que está usando la propaganda del Ejecutivo, que no ha dejado de oírse en la Nueva Radio Ya, propiedad del FSLN y otras radios afines. El documento en mención dice que se creará un programa semanal (transmitido por radio y televisión), en el que nuestro liderazgo nacional y local, se reúna con la gente en una comarca, barrio o municipio… etc. “El documento augura el bienestar de la ciudadanía mediante el ejercicio de la democracia directa”.
El primero de marzo, Día del Periodista en Nicaragua, la señora Murillo dio a conocer la nueva política de comunicación del Gobierno en la que anuncia equidad ante los medios con apoyo a los más débiles. Dijo: “Estamos haciendo el tránsito de un sistema que privilegió intereses y beneficios para los grandes capitales y consorcios de la comunicación, que no conocen la ética, ni la responsabilidad social”. Por su parte la Asociación de Periodistas de Nicaragua (APN) declaró que no hay nada qué celebrar y organizó un acto de protesta, lo mismo hizo la Red por Nicaragua, por medio de un pronunciamiento.
Ese mismo día el presidente Ortega firmó con el Colegio de Periodistas un acuerdo prebendario que no incluye ningún compromiso de respeto a la libertad de expresión y de prensa. En el acto el Presidente continuó con los ataques a los medios y la señora Murillo acusó a LA PRENSA de tergiversar el contenido de la estrategia de comunicación y desconoció el documento que publicó LA PRENSA, pero se contradijo al agregar: “Nosotros tenemos un documento de trabajo que lamentablemente fue publicado”.
El presidente Ortega firmó un documento con el Colegio de Periodistas en que se compromete a:
1- Entregar 3.2 millones de córdobas (180,0000.00 dólares) del fondo social que reciben los diputados de su bancada para la creación de un fondo de pensión para los periodistas.
2- Respetar y cumplir la ley de colegiación de los periodistas, especialmente en lo que se refiere al ejercicio profesional. Este punto está reñido con el Principio 8 de los Principios de Chapultepec, principios que Ortega firmó en el año 2001.
3- Hacer una distribución justa de publicidad estatal en la que se favorecerá a los pequeños y medianos medios y en último lugar quedarán los grandes medios. Ortega también ratificó la entrega de dos sorteos de la lotería Nacional al Colegio de Periodistas, como especifica la ley creadora del Colegio, y prometió una revisión de esta ley para promover políticas públicas que beneficien a periodistas.
4- Mantener a los periodistas el régimen de cuota fija de 33.00 treinta y tres dólares anuales para pago del impuesto sobre la renta más el 2 por ciento sobre las ganancias de publicidad.
5- Poner a disposición del Colegio de Periodistas seis horas diarias en la Radio del Estado para ser distribuidas entre ellos con sólo el pago del 10 por ciento de la publicidad, si acaso ésta se presentaba.
6- Tener una reunión mensual con la Junta Directiva del Colegio.
La Ley (372) Creadora Colegio de Periodistas en su Artículo 40 dice que los cargos de la Junta Directiva y Comité de Ética y Honor serán distribuidos equitativamente y se desempeñarán en períodos alternos entre la UPN y la APN (las dos asociaciones de periodistas, una con tendencia sandinista y la otra no). Según denuncia de la APN este artículo se incumplió en el congreso del Colegio que se llevó a cabo el 10 de febrero de este año. En dicho congreso la UPN sandinista tomó el control con la mayoría de miembros que tienen en el Colegio, siendo que este año, según la otra asociación, la APN, les tocaba a uno de sus miembros el cargo de presidente. La UPN alega que el artículo 40 está entre las disposiciones transitorias de la ley y que este año ya no se debía aplicar. La APN recurrió de Amparo contra las nuevas autoridades, las mismas que firmaron el convenio con Ortega.
El año pasado, antes de cerrar la legislatura la Asamblea Nacional aprobó su propia Ley Orgánica, que en su artículo 56 le da potestad a los diputados de obligar a cualquier persona natural, jurídica, nacional o extranjera a comparecer ante ellos cuando así lo dispongan, sin especificar motivos ni circunstancias. Y se agrega en dicho artículo que la persona que no comparezca será castigada por desacato, que según el Código Penal amerita seis meses a cuatro años de prisión.
Sobre la Ley de Acceso a la información está lista para su discusión en el plenario, y según el presidente de la comisión de Justicia, doctor José Pallais, esta ley se aprobará pronto. Sin embargo se han introducido varias mociones que no han sido hasta ahora agregadas al dictamen, pero tampoco rechazadas. Una de ellas que no conocemos en detalle es obligar a los medios a rectificar, pero según una información en ésta no hay consenso. Otra es obligar a todos los que reciben exoneraciones, incluyendo a los medios, a informar sobre el uso que hacen de ellas, a lo que no hay oposición de parte de los medios. La última, que se dice fue rechazada, es obligar a los medios a publicar los resultados de las informaciones que soliciten.
La Asamblea Nacional, en el capítulo sobre delitos contra la vida privada, en el nuevo Código Civil, aprobó el artículo 194 que causó temores al percibirse como una ventana contra la libertad de expresión. El artículo establece sanciones para las personas que intercepten, divulguen o difundan cualquier comunicación que sea considerada privada y este delito será penado con prisión. El diputado José Pallais explicó en una visita que hizo a LA PRENSA que no hay nada que temer, porque habrá en el Código otro capítulo sobre los delitos de los funcionarios que escondan la información pública y todo esto será finalmente aclarado por la Ley de Acceso a la Información con quedará bien dilucidado qué es información pública y privada, dijo el doctor Pallais. La Asamblea también aprobó en el nuevo Código Penal, multas para los que abusen de la “nota roja” por la difusión no autorizada de imágenes de difuntos.
El Partido ALN anunció que propondrá una ley para la defensa de la libertad de expresión por medio de la que las licencias radiales y televisivas se renovarán automáticamente por 10 años, para que no pase lo mismo que está pasando en Venezuela.
Por su parte el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), que junto con ALN podrían hacer mayoría en la Asamblea Nacional, prometió un total respaldo a la libertad de expresión. Para materializar este propósito los medios de comunicación propusieron una reunión con una comisión de cada partido no oficialista, el PLC, el ALN y el Movimiento de Renovación Sandinista (MRS) con una comisión de los medios. Estos tres partidos representan en la Asamblea 51 votos del total de 92 diputados. Dicha reunión se llevó a cabo al día siguiente, el 13 de marzo.
Tanto los medios como diputados coincidieron en la urgencia de hacer reformas a leyes que defiendan la libertad de prensa, como la Ley de Telecomunicaciones en lo referido al plazo de las licencias por el uso del espectro radioeléctrico y la condición de estar bajo el arbitrio del Instituto de Telecomunicaciones (Telcor).
Además coincidieron en que se debe reformar la Ley Creadora del Colegio de Periodistas, para eliminar la obligatoriedad; apurar la aprobación de la Ley de Acceso a la Información Pública; hacer los ajustes necesarios al Código Penal en lo referido al tema de la información pública y privada; y una reforma a la Ley Tributaria para regular por medio de una lista las exoneraciones constitucionales a las que tienen derecho los medios de comunicación. Además, hacer reformas y adiciones a la Ley Orgánica de la Asamblea Nacional, para “aclarar” el artículo 52 que obliga a los ciudadanos atender las citas de los diputados o de lo contrario podrían enfrentar por desacato al Ministerio Público. La reforma definirá que las citatorias a los ciudadanos privados serán para abordar temas de estricto interés nacional, y no personal.
El nuevo Código Penal y la Ley de Acceso Ciudadano a la Información Pública podrían ser discutidos y aprobados por los diputados en las sesiones de la próxima semana.
Los propietarios de la emisora Voz del Trópico Húmedo, de San Carlos, a 300 km. al sureste de Managua, denunciaron el 13 de marzo corriente que la alcaldesa sandinista de esa cabecera departamental, Marisol McRea, está pidiendo a la coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, Rosario Murillo, que suspenda la frecuencia con la que transmiten y que se les quite la emisora, porque desde ese medio de comunicación se critican los errores de su gestión al frente de la Alcaldía.
El director de la radio explicó que la emisora nació en 1980, con el nombre de Radio 13 de Octubre y era propiedad de la Corporación de Radiodifusoras del Pueblo (Coradep), sin embargo, en 1990 esa emisora pasó a ser administrada por la Alcaldía. Después que en 1992 la emisora sufriera un incendio, la Alcaldía donó la emisora a los trabajadores, pero la alcaldesa argumenta que los beneficiarios originales fueron despedidos.
“Cuando la emisora estaba en mal estado, cuando no teníamos cómo salir al aire, nadie, ninguno de los que eran socios se preocupó, nadie aportó nada, por eso perdimos la licencia, los trabajadores la recuperamos y sacamos adelante esta emisora”, declaró el director de la radio.
