La Policía de Bluefields y Corn Island, Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS) decomisó, en febrero pasado, más de 84 mil dólares y 48 mil córdobas a ciudadanos que los guardaban en sus viviendas, pero el Ministerio Público declaró a LA PRENSA que no existen méritos suficientes para encausar a los propietarios del dinero y la Policía se niega a regresar lo decomisado.
El quiebre se hizo en dos puntos distintos, en uno incautaron 52 mil dólares y 48 mil córdobas y en el otro, 32 mil dólares.
El Fiscal Regional del Ministerio Público, Roberto Gaitán, aseguró que resolvieron que no hay elementos de juicio para proceder judicialmente contra el propietario de los 52 mil dólares y los 48 mil córdobas que la Policía decomisó en Little Corn Island.
El jefe de la Policía local, comisionado mayor Luis Alberto Pérez Olivas, al ser consultado sobre el particular dijo que trasladaron el caso del dinero decomisado a las autoridades aduaneras de Bluefields, para que esa instancia administrativa ejecute acción penal por el delito de defraudación fiscal o contrabando contra Augusto Plomer, originario de Little Corn Island, y Milady Galagarza, de Bluefields.
El anterior delegado de Aduanas del Atlántico Sur, Marcos González, resolvió en febrero pasado que no había méritos para retener el dinero decomisado a los costeños Plomer y Galagarza.
NUEVA ADUANA ENMUDECE
La abogada Martha Barillas García, representante legal de Galagarza, denunció que la Policía esperó el cambio de delegado de Aduanas de Bluefields para solicitar al nuevo funcionario, Lorenzo Quinto Gómez, ocupar el dinero, quien sí lo hizo.
Tratamos de obtener la versión de Quinto, pero en su oficina, ubicada en el puerto El Bluff, nadie responde las llamadas telefónicas.
En febrero pasado la Policía Antidroga local realizó dos operativos antinarcóticos, uno en Little Corn Island, contra Plomer, donde decomisaron más de 52 mil dólares y 48 mil córdobas, mientras que el segundo fue en Bluefields, barrio San Pedro, contra Galagarza, a la que decomisaron más de 32 mil dólares.
Familiares de Galagarza dijeron a LA PRENSA que Milady vendió una propiedad, en esta ciudad, por la cantidad de 25 mil dólares, y que el marido de Milady trabaja en Estados Unidos y ella “tiene derecho a manejar dinero”.
El juez penal de Audiencias, Martin Henríquez Sotelo, dijo que es difícil trabajar con la Policía Nacional porque, a pesar de que les firma las órdenes de allanamiento, nunca les informan los resultados.
El comisionado Pérez Olivas reconoció que pueden haber debilidades entre la Policía y el Juez, pero éstas deberían ser planteadas en las reuniones de la Comisión Interinstitucional, compuesta por la Policía, Fuerza Naval, Fiscalía, Magistrados del Poder Judicial y jueces, entre otros.
“Es difícil trabajar con la Policía Nacional, se creen fiscal y juez. No respetan las órdenes que este juez baja a la Policía, siempre ponen un pero, cuestionan, dicen que no tienen por qué obedecer. Eso no puede ser (posible)”, denunció Henríquez.
Pérez Olivas dijo que “es la primera vez que escucha a un juez referirse así de la Policía”.
Barillas García señaló que la jefatura de la Policía debería rotar cada seis meses a sus jefes intermedios ubicados en la RAAS.
