Una solicitud de retiro para el secretario general y secretario de Relaciones Internacionales de la Policía Nacional, comisionado mayor Hugo Ernesto Zamora, fue presentada desde enero pasado por la jefa de esa institución, primera comisionada Aminta Granera, al presidente Daniel Ortega, conoció LA PRENSA de forma extraoficial.
Una investigación realizada por la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), en poder de LA PRENSA, revela que Zamora habría incurrido en una serie de anomalías durante su gestión como jefe del departamento de León.
A Zamora le señalan de cometer una serie irregularidades en el ejercicio de sus funciones al frente de la institución en la ciudad de León.
Entre ésta figuran solicitar supuestas coimas a ganaderos y empresas del departamento.
También le señalan de entregar placas a vehículos que no reunían los requisitos, así como licencias a personas que no residían en el departamento, y legalización de vehículos robados, entre otras.
LA PRENSA consultó a Zamora pero éste reaccionó diciendo: “Hablalo con la Directora”.
El jefe de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, comisionado mayor Alonso Sevilla, confirmó únicamente a LA PRENSA que en este caso le aplicaron el reglamento disciplinario de baja deshonrosa al capitán Juan Oswaldo López Martínez, mientras el subcomisionado Luis Alberto Espinoza Umaña fue democionado de cargo, y prescindieron de la civil Alison Melina Hernández Chávez.
Sevilla y la jefa de Asuntos Internos, comisionada mayor Vilma Reyes, dijeron que la investigación aún continúa.
“Todo se investiga”, dijo Reyes tras asegurar que, si en la investigación se encuentra que hay méritos para aplicar el reglamento, lo hacen.
Reyes mencionó que en lo que va del año, ya han dado de baja deshonrosa a 47 oficiales.
Una investigación realizada por la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), en poder de LA PRENSA, concluida a inicios de enero último, determinó que el capitán Juan Oswaldo López Martínez presuntamente “es el responsable de autorizar a los tramitadores Marvin José Ramos Valladares, Jorge Eduardo Rodríguez Paguaga, ex tramitadora Alison Melina Hernández Chávez y Jorge Ulises Gutiérrez Rizo, la legalización de vehículos robados, sin cumplir con los requisitos establecidos y expedientes físicos”.
A López también se le señala por “la emisión licencias de conducir con categoría profesional a menores de edad, categorías para manejar maquinarias agrícolas y cambios de domicilio a ciudadanos de otros departamentos del país”, revela la investigación.
Se refiere a trámites que de manera continua realizaba el capitán López Martínez “para cumplir con las exigencias económicas de quinientos a mil córdobas, que solicitaba el jefe de la delegación policial, comisionado mayor Hugo Ernesto Zamora”.
Agrega el informe de la DAJ: “Este monto era entregado al comisionado mayor Zamora cada tres días y fines de semana en un sobre blanco o en una revista de Atalaya, por el capitán Juan Oswaldo López Martínez”.
La mala actuación del funcionario policial conllevó a que los tramitadores realizaran trámites ilegales de vehículos y licencias de conducir sin autorización alguna y sin cumplir con los requisitos establecidos; es decir que violentaron las normativas de Servicios Policiales, revela la investigación de la DAJ.
Según los investigadores, uno de los vehículos, un Mitsubishi, placas 260-783, hasta enero estaba en poder del ex jefe de la Policía, primer comisionado en retiro Edwin Cordero.
Al preguntarle a Cordero, sobre el vehículo, se limitó a decir: “Yo desconozco de eso, hija, nada tengo que ver”. Y al volver a preguntarle si sabía sobre esa camioneta, enfatizó: “No, no la conozco”.
El vocero policial reveló que los vehículos con números de placas: 260-783, 247-426, 271-365, 260-644, 271-623, 270-747 y 271-370 fueron vehículos robados en el exterior y nacionalizados en la Policía de León durante el período comprendido entre diciembre del 2004 y diciembre del 2005.
Esa situación fue descubierta gracias al trabajo eficiente de los órganos de inteligencia de la Policía en su momento, razón por la cual se conformó una comisión investigadora en la que participaron la División de Asuntos Internos y las Direcciones de Auxilio Judicial y de Tránsito Nacional”, dijo Sevilla.
La comisión investigadora determinó quitar los vehículos a quienes los tenían y entregarlos a sus verdaderos dueños, de acuerdo al tratado centroamericano sobre recuperación y devolución de vehículos hurtados y robados.
El vocero policial, comisionado mayor Sevilla, dijo: “No negamos que pudo haber sido usado en su administración, por la misma necesidad de medios para algunas diligencias”.
