El Procurador Especial del Medio Ambiente, Lisandro De León, cuestionó al Ministerio Público por haber suspendido la acción penal en contra de la empresa Esso Standard Oil, en el caso del derrame de hidrocarburos ocurrido el año pasado en Puerto Sandino.

Según el funcionario, ese arreglo tiene vicios de nulidad porque no se tomó en cuenta a la parte afectada, que en este caso es el Estado nicaragüense.

El derrame de hidrocarburos ocurrió el 21 de octubre de 2006, en el kilómetro 63, carretera a Puerto Sandino, afectando un área de casi 70 hectáreas, desde el punto de derrame hasta el estero Las Coyundas.

Lisandro De León explicó que en la Ley Especial de Delito Contra el Ambiente y los Recursos Naturales, se establece en el artículo 2 que a la Fiscalía le corresponde la facultad de promover la acción penal en contra de los que infrinjan esta ley.

Sin embargo, señaló que en el mismo artículo también se establece que la Procuraduría Ambiental será parte en los procesos judiciales donde exista de por medio alguna afectación al Estado nicaragüense.

Según el funcionario, en este caso se afectó los intereses del Estado, porque los recursos naturales son patrimonio de la nación, por esa razón consideró que el Ministerio Público debió haber tomado en cuenta a la Procuraduría Ambiental de la Procuraduría General de la República (PGR), como abogado del Estado, al momento de arreglarse con la petrolera.

“Es decir, ocurrió un derrame y se provocó un daño en el suelo, subsuelo y a la flora. Ese daño se produjo en recursos que son propiedad del Estado nicaragüense. No es concebible desde ningún punto de vista que el Ministerio Público llegue a una componenda con la parte que cometió el delito, sin que el dueño de los recursos naturales sea parte del proceso”, dijo.

Agregó que por esa y otras razones, la PGR impugnó ese arreglo a través de su delegación en León.

Informó, también, que partiendo de un principio del Derecho Internacional, el que contamina paga por ese daño.

REPARAR O INDEMNIZAR

“Entonces, al Estado nicaragüense lo que le interesa es la reparación del daño ocasionado y en la medida de las posibilidades, retornar el lugar afectado a su estado original. “Si eso no fuese posible, entonces esta empresa tiene que indemnizar al Estado, porque con la contaminación le ha creado un pasivo ambiental”, explicó el procurador.

El acuerdo fue firmado a inicio de este mes y el mismo fue rechazado por organismos que trabajan en pro del medio ambiente del país, porque temen que el caso quede en la impunidad.