La directora de la Liga de Defensa del Consumidor de Nicaragua (Lideconic), Maura Morales, dijo esta semana que “no apoyan a los robaenergía”, sin embargo no está de acuerdo conque el Código Penal establezca cárcel a los usuarios de los servicios básicos que sean descubiertos cometiendo fraude.

Morales aseguró que de entrada el Artículo 237 del Código Penal, sólo establece pena para los usuarios y no para quienes se encarguen proveer los servicios básicos como energía y agua potable.

“Los consumidores deben tener unos servicios de calidad y bastante accesibles, en eso estamos de acuerdo, pero no estamos en condiciones como país de penalizar y castigar a quienes cometan fraude, tampoco hay cárcel por deudas”, indicó Morales.

La directora de la Lideconic aseguró que los legisladores y resto de entidades estatales, más bien deberían de promover la nacionalización de las empresas prestadoras de servicio como energía eléctrica, para que no estén en manos de compañías extranjeras.

Este es el mismo planteamiento que hizo el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), Omar Cabezas.

DESPROTEGIDOS

“No estamos apoyando a la gente que roba energía, pero en el país las leyes son desiguales, la lucha de nosotros es que se nacionalicen los servicios básicos, porque es un derecho constitucional que el Estado provea luz eléctrica, agua potable, telefonía entre otros”, expresó Morales.

“Es una forma de amenaza más y desprotección para nosotros los consumidores, los diputados aprueban una ley que sanciona, vamos a tener más pobrezas, porque se toca a toda la población más sensible”, agregó Morales.

Según el Artículo 237 del Código Penal, quienes efectúen conexiones ilegales o alteraciones a los medidores, serán multados por sumas que oscilan entre los tres mil y cinco mil córdobas.