El Consejo Superior de la Contraloría General de la República (CSCGR) aspira a una reforma Constitucional que otorgue el uno por ciento del Presupuesto General de la República para la entidad fiscalizadora, tal y como lo propusieron en un proyecto de Ley Orgánica de la Contraloría, según dijo el contralor Guillermo Argüello Poessy.
“Nosotros quisiéramos que en una reforma constitucional se incorporara ese precepto constitucional. El proyecto de ley que hemos presentado a la Asamblea Nacional lo incorpora, pero existe el problema de que se trata de una ley ordinaria”, expresó Argüello.
Argüello recordó que esa entidad atiende a 153 alcaldías, cuatro poderes del Estado y los entes autónomos y descentralizados, algo que “obviamente requiere recursos estatales para el debido control”.
“Es saludable contar con esos recursos y que los alcaldes sepan que en cualquier momento les puede caer la Contraloría”, agregó Argüello.
El proyecto de nueva ley orgánica de la entidad fiscalizadora, que será conocido hoy en la Comisión de Probidad de la Asamblea Nacional, además contiene importantes reformas que darían más “garra” a la entidad de control gubernamental.
Entre esas reformas destaca el hecho de pasar de cinco, a prácticamente siete años, la figura de la caducidad (extinción de la responsabilidad de los imputados) de los casos, el levantamiento del sigilo bancario a favor de la Contraloría tanto a la Superintendencia de Bancos (SIB) como al Banco Central de Nicaragua (BCN) y el Fondo Nicaragüense de Inversiones (FNI), sin necesidad de acudir a un juez.
“Las instituciones financieras públicas y privadas proporcionarán a la Contraloría General de la República, sin restricción alguna, información sobre operaciones o transacciones determinadas por ésta con motivo de la práctica de la auditoría”, dice el artículo 78 de la nueva ley.
Mientras, el artículo 83 manda a reformar las leyes y disposiciones legales para que se incluya a la Contraloría entre las entidades a las que no se puede oponer el sigilo bancario ni tributario.
La nueva ley también daría facultades a la CGR para nombrar y destituir a los auditores internos de las instituciones del Estado. Actualmente éstos son nombrados por los ministros o directores y son destituidos por estos mismos con el aval de la Contraloría.
