Deseos vs. posibilidades El líder de los empresarios generadores, César Zamora, manifestó que las posibilidades de que la nacionalización se convierta en realidad pasan por mecanismos legales y económicos. Zamora dijo que ahora mismo hay dos maneras de nacionalizar la empresa energética. La primera es realizando confiscaciones y la segunda comprando las generadoras y la distribuidora. Sin embargo, aseguró que la primera opción no es tan simple porque significa ir en contra de la Constitución de la República. Con la segunda no se necesitaría cambiar la Constitución o caer en ilegalidad, pero sí de al menos 600 millones de dólares para retribuir a los empresarios lo que han invertido desde la década pasada, sin incluir el precio de costo de los proyectos. Por aparte, el Gobierno necesitaría 800 millones de dólares para ofrecer el sistema óptimo que requiere Nicaragua, algo que difícilmente el Estado podría pagar. Por esas razones, Zamora opinó que probablemente la nacionalización no sea la salida a la crisis energética.

El Procurador de Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), Omar Cabezas, rechazó el recién aprobado artículo 237 del Código Penal, que establece cárcel para los usuarios de los servicios de agua, energía eléctrica y telefonía, que cometan fraude.

Dijo avalar todo tipo de iniciativas para la nacionalización de estos servicios y hasta estar dispuesto a ponerse al frente de las movilizaciones.

De no lograrse la nacionalización de estos servicios, la otra alternativa que plantea Cabezas es que los usuarios no paguen sus facturas, pues insistió en que “aquí no hay cárcel por deuda”.

“El problema no es no pagar, ese es tomar el rábano por las hojas, el problema es que hay que juntarse todos, ricos, pobres, sociedad civil, población organizada, movimientos, gente sin organizar, productores, el Cosep … para hacer todo un movimiento que demande la nacionalización”, sostuvo Cabezas.

Según el artículo 237 del Código Penal, quienes efectúen conexiones ilegales o alteraciones a los medidores, por sumas que oscilan entre los tres mil córdobas (165.15 dólares) y los cinco mil córdobas (275.25 dólares), irán a prisión por períodos que van de uno a tres años.

El procurador Cabezas cuestionó que la Asamblea Nacional y los entes reguladores del ramo “no hayan tenido la misma sensibilidad” para sancionar a las empresas “por los permanentes y desproporcionados cobros”. Así como que la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que falló “a favor del incremento de un desproporcionado 14.8 por ciento en las tarifas de energía eléctrica”.