El anteproyecto de ley de Venta Social de Medicamentos que se discute en el parlamento presenta una serie de irregularidades que de no ser superadas podrían afectar a la población, considera Alberto Lacayo, presidente de la Asociación de Farmacias Unidas de Nicaragua (AFUN).

Lacayo expresó que la Ley 292 o Ley de Farmacias establece que se requiere de un farmacéutico al frente de un establecimiento para vender medicinas, pero el actual anteproyecto de ley habla de poner a un bachiller.

“Aunque sean aspirinas, acetaminofén o ampicilina lo que venda un individuo, necesita tener un conocimiento básico mínimo, no son ni chiclets, ni bombones lo que tendrá a su cargo, es algo muy delicado”, dijo Lacayo.

El Ministerio de Salud (Minsa) ha dicho que los organismos no gubernamentales podrían vender las medicinas porque son quienes llegan a los lugares más alejados. Pero el presidente de AFUN asegura que el anteproyecto de ley deja abierta la posibilidad de que cualquier sector venda fármacos de toda clase y no sólo “esenciales” como dicen.

Lacayo manifestó que la Ley de Farmacias no faculta a los organismos no gubernamentales a realizar este tipo de actividades. A la vez agregó que se tendría que modificar la ley que regula a estos organismos, a través del Ministerio de Gobernación, porque su razón social sería otra.

“Nosotros ponemos a la orden nuestra red de 700 farmacias para que se haga la distribución de los medicamentos, si el Minsa los quiere regalar o vender es su problema, si rechazan nuestra propuesta habría que ver cuál es el trasfondo de la venta social de medicamentos”, concluyó Alberto Lacayo.