La Asamblea Nacional inició esta semana el proceso de una nueva reforma constitucional. Por cierto que reformar la Constitución parece ser el entretenimiento favorito de la clase política nicaragüense, que lo hace con el supuesto afán de modernizar el ordenamiento jurídico del país y resolver problemas que en realidad nunca soluciona, sino que los complica y agrava. Realmente, salvo en casos excepcionales las reformas constitucionales han sido siempre para consolidar el poder de un nuevo caudillo o grupo político dominante y/o para repartir los beneficios del Estado que es manejado como un botín.
Por supuesto que siempre hay algo importante y necesario por hacer, en materia de reforma constitucional. Pero por lo general las reformas constitucionales no se hacen para el bien del país y de los ciudadanos, sólo para el provecho de camarillas políticas codiciosas y arbitrarias. Para no ir muy lejos, es evidente cómo las dos últimas reformas constitucionales, de 2000 y 2005, fueron para pervertir las instituciones, desvirtuar la democracia y llenar con dinero del erario los bolsillos de los políticos dominantes y de sus cortes de seguidores y aduladores.
Actualmente hay temas para la reforma constitucional que sin duda son de mucho valor democrático y gran interés nacional. Cabe mencionar al respecto algunas de las propuestas que han hecho públicas los partidos de oposición de centro derecha democrática —ALN— y de izquierda democrática —MRS—, así como organizaciones independientes de la sociedad civil. Tales son las propuestas de no reelección presidencial absoluta y de un nuevo sistema de elección de diputados que los obligue a dar cuentas a sus electores y les permita a éstos controlarlos; así como también democratizar la escogencia de los magistrados y otros funcionarios principales del estamento superior del Estado; garantizar la independencia de la administración de justicia; reducir el número y privilegios de diputados, magistrados y contralores, etc. Y en este mismo orden hay que señalar que se debe considerar la propuesta de Daniel Ortega, de cambiar el sistema de gobierno presidencialista por uno de tipo semiparlamentario y determinar si valdría la pena o no adoptarlo.
Sin embargo, la aprobación de una nueva reforma constitucional bajo el gobierno chavista de Daniel Ortega y Rosario Murillo, podría resultar más bien como la mitológica caja de Pandora —que fue enviada por los dioses al titán Prometeo como castigo porque robó el fuego divino del cielo para darle inteligencia a los seres humanos—, de la que sólo saldrían calamidades y quedarían en su fondo únicamente la buena intención y la esperanza de hacer algo bueno.
¿Cuáles calamidades o consecuencias negativas podrían salir de la nueva reforma constitucional que se ha comenzado a preparar? Pues ante todo se podría aprobar la reforma de la Constitución para permitir la reelección presidencial continua, que necesita Daniel Ortega para poder reelegirse en 2011 siempre y cuando las fuerzas antisandinistas sigan divididas. Además, se podrían constitucionalizar los consejos alternativos de “poder popular y quien sabe si hasta darle a Ortega el mecanismo de una “ley habilitante” para gobernar por decreto —como la que tuvo Adolfo Hitler en 1933, en Alemania, y la que maneja ahora Hugo Chávez en Venezuela— e impulsar con más fuereza en Nicaragua el proyecto de la revolución bolivariana y el socialismo del siglo XXI.
Veamos: El FSLN tiene 41 diputados, sumando los tres que le quitó al MRS y a ALN. De manera que sólo le faltan 15 diputados para alcanzar los 56 votos parlamentarios que necesita para reformar la Constitución a la medida de su gusto e interés. Y es fácil suponer que manteniendo como rehén político al ex presidente y reo Arnoldo Alemán, Ortega podría perfectamente conseguir el respaldo de esos 15 diputados o más en la bancada del PLC, y quien sabe si hasta algunos otros en la bancada de ALN, para aprobar una reforma constitucional a su medida.
Se conoce muy bien y ningún político democrático de derecha o de izquierda puede ignorarlo, que los caudillos autocráticos y dictadores ya no llegan al gobierno por medio de golpes de Estado e insurrecciones armadas, ni se consolidan y perpetúan en el poder al margen de la ley. Ahora se apropian del poder gracias al voto de la población más pobre y menos educada, y se perpetúan mediante reformas constitucionales y leyes que les facilitan los tontos útiles y políticos democráticos claudicantes o venales.
