Ana Julia Balladares, diputada liberal y esposa del ex superintendente de servicios públicos Víctor Guerrero, reconoció que su cónyuge recibió la liquidación de 360 mil córdobas al dejar este cargo en el 2005, pero aseguró que ésta y el resto de liquidaciones que se pagaron luego del congelamiento de la Superintendencia de Servicios Públicos (Sisep), contaron con el visto bueno de la Contraloría General de la República (CGR), el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Balladares salió en defensa de su esposo ante la polémica suscitada por la investigación de LA PRENSA publicada el lunes pasado, en la que se revela la lluvia de indemnizaciones pagadas a funcionarios y empleados de la Sisep, que terminaron redondeando unos 7.4 millones de córdobas.

Vía telefónica, la parlamentaria aseguró que no existen sustentos legales para devolver las liquidaciones, como señala la CGR, porque éstas fueron aprobadas por todas las instancias involucradas en el proceso que desembocó en el congelamiento de las operaciones de la Sisep.

“Las liquidaciones se pagaron con la aprobación de todas las instituciones involucradas. No pueden alegar ahora que son ilegales, porque conocían de esto. Se pagaron porque el Mitrab las mandó a pagar, luego de que los trabajadores se fueron a quejar porque sus contratos eran por un año” reiteró la parlamentaria. Cabe recordar que la Sisep sólo existió por cuatro meses.

Balladares relató que estos pagos fueron aprobados por el propio Ministerio del Trabajo y con conocimiento de la CGR. Sin embargo, Virgilio Gurdián, titular del Mitrab en el 2005, dijo a LA PRENSA que no recordaba haber aprobado alguna resolución referida a las liquidaciones de la Sisep, mientras que miembros del Consejo Directivo de la CGR cerraron filas alrededor de Montenegro y reiteraron que estos pagos fueron irregulares y nunca contaron con el aval del ente fiscalizador.

“Hay un finiquito de la Contraloría General de la República y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Luis Ángel Montenegro a lo mejor no sabe porque no era el presidente (de la CGR) en ese tiempo. El presidente era (Guillermo) Argüello Poessy, y el segundo Lino Hernández, ellos sí conocen del caso. El contralor Mario Fulvio Palma tiene todos los documentos sobre eso. Yo voy a ir donde Luis Ángel Montenegro con todos los documentos porque él habló al peso de la lengua. No miró todos los documentos que hay allí. Todo se hizo en regla”, aseguró Balladares.

La parlamentaria defendió la gestión de Guerrero al frente de la Sisep, aduciendo que él, en un acto responsable, estableció los contratos de trabajo para los empleados y funcionarios de la institución con una vigencia de un año, pese a que había sido electo para un período de cinco años.

“Por una Ley Marco inventada, que no existe en el Código Penal, Procesal y Civil, parquearon y congelaron por un año esa Sisep. Los trabajadores entonces se fueron a quejar al Mitrab, a pedir que ellos tenían contrato por un año; que cómo era posible que en la Asamblea (Nacional) les hayan allanado sus deberes y sus derechos como trabajadores y entonces, se da un fallo del Mitrab donde mandan a pagarse”, relató.

CGR DESCONOCÍA MONTOS

El contralor Guillermo Argüello Poessy, señaló que el ente fiscalizador desconocía los montos de las liquidaciones que se dieron en la Sisep, por lo que insistió en la urgencia de realizar una auditoría sobre el punto específico de las liquidaciones.

“Lo cierto es que aquí no conocíamos nada de esas indemnizaciones. No sabíamos nada de eso que usted llama repartidera. No la conocíamos. Es oportuno hacer la auditoría y la vamos a hacer. Aquí nosotros nunca hemos aprobado ningún tipo de indemnización en ningún Gobierno, ni en ningún ente del Estado, no es trabajo de la Contraloría autorizar ningún tipo de pago, nuestro trabajo es de control posterior y con esas facultades de control posterior vamos a hacer esa auditoría”, explicó Poessy.

En el mismo sentido se pronunciaron los contralores Montenegro y José Pasos Marciaq, quienes han dicho estar en la disposición de autorizar una auditoría específica sobre las liquidaciones.