En 1992 se estrenó la exitosa película A Few Good Men cuyos principales protagonistas fueron Tom Cruise (como el abogado de la marina, Daniel Kaffee) y Jack Nicholson (como el coronel Nathan R. Jessep), este último estacionado en la base militar estadounidense de Guantánamo, Cuba. Jessep es llamado como testigo en la Corte Marcial contra dos marinos acusados de asesinar al soldado William T. Santiago. Kaffee sabe que el coronel es culpable y conociendo su enorme ego, procura sacarlo de sus casillas para que confiese que fue él quien ordenó el “código rojo” —frase coloquial que en la marina significa un castigo extrajudicial— que llevó al homicidio de Santiago. Su estrategia se basa en una premisa básica: los individuos autoritarios y déspotas no soportan que les digan la verdad en la cara. Así que Kaffee lo provoca y lo provoca una y otra vez y espera hasta que finalmente, el coronel Jessep echa fuego por la boca como un volcán y, confiesa. La actuación de Nicholson es magistral (vale por toda la película) y encarna con gran realismo esa soberbia y altanería de quien no está acostumbrado a que cuestionen la moralidad de sus decisiones y procedimientos sino que se siente como suspendido en el aire, por encima de todo lo demás, incluyendo la ley.
La personalidad del coronel Jessep refleja la de los caudillos latinoamericanos entre los cuales se encuentra el sandinista Daniel Ortega. En un editorial pasado sobre la decisión de Hugo Chávez de no renovar la licencia de operación al canal independiente Radio Caracas Televisión (RCTV), decíamos que no hay nada más sensible en un dictador, que sus oídos. Esta verdad ha sido ratificada por el actuar del presidente Ortega quien ha iniciado una sistemática campaña de “ablandamiento” contra los medios de comunicación que no celebran sus desatinos sino que denuncian su repetida y continuada violación de la ley. Aunque Ortega durante su campaña quiso minimizar la importancia de los medios de comunicación y dijo que iba a permitir que dijeran todo lo que quisieran contra él sin tomar represalias, lo cierto es que en la práctica, el Presidente sí se siente afectado por la crítica y sí está tomando medidas concretas para perjudicar la libertad de expresión y de información independiente.
El Presidente actúa con arbitrariedad y se defiende con todo lo que puede, incluyendo la mentira, pues dijo que los medios de comunicación grandes no pagan impuestos. Por lo tanto, cumpliendo con su deber de informar verazmente a la ciudadanía, LA PRENSA ha publicado una carta abierta para llamarlo a la reflexión. Pero en vez de rectificar, Ortega ha endurecido su discurso. Después de su regreso de Venezuela, Ortega no ha soltado el tema. ¿Seguirá los pasos del coronel Hugo Chávez? ¿Cancelará licencias de operación o espacios? Durante su visita con motivo de la toma de posesión del actual presidente, Chávez dijo que LA PRENSA era “el diario de la oligarquía”, en un grosero injerencismo político que Ortega acepta y aplaude.
LA PRENSA no tiene la intención de perjudicar a este ni a ningún otro gobierno. Todo lo contrario, siempre estamos tratando de destacar lo que es digno de encomio. La disminución del costo del transporte público así como de los salarios en el Poder Ejecutivo fueron medidas destacadas en nuestros titulares. El problema es que, después de eso, sólo vemos discursos retóricos y una búsqueda temprana de chivos expiatorios, síntomas éstos de una gestión que se anticipa como mediocre. ¿Se trata de una cortina de humo para desviar la atención de la gente al hecho claro y desnudo de que el gobierno de Ortega no incidirá sustancialmente en el bienestar de la mayoría de la población de escasos recursos? ¿De que no cumplirá con sus infladas promesas de campaña?
Es difícil saberlo. De todas maneras, nuestro compromiso es con la verdad, la justicia, la libertad y la democracia. No vamos a alinearnos con el poder. Nos oponemos a cualquier forma de abuso de poder, venga de donde venga y seguiremos denunciándolos al margen de las consecuencias. Animamos a todos los medios de comunicación no alineados con el gobierno a no dejarse amedrentar y a defender con la vida, si es necesario, el derecho de libre expresión del pensamiento.
