Guatemala. - Las viudas de los cuatro policías guatemaltecos acusados de matar a tres diputados salvadoreños, y que fueron ejecutados en el interior de una prisión el pasado 25 de febrero, anunciaron hoy que demandarán al Estado guatemalteco ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La abogada Leticia Salazar, quien defendía a los agentes asesinados, dijo hoy a la prensa que "en los próximos días estaremos presentado la demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) -de la Organización de Estados Americanos- contra el Estado de Guatemala".

Además de que se sentencie al Estado guatemalteco "por no haber resguardado la vida de los reos", las viudas de estos, aseguró Salazar, "pedirán una indemnización de diez millones de quetzales (unos 1,2 millones de dólares) por los daños y perjuicios sufridos".

Según Salazar, "el Estado de Guatemala es responsable de la muerte de los agentes, porque (las autoridades) facilitaron los medios a los asesinos".

La abogada aseguró que sus defendidos le habían advertido, antes del asesinato, que temían por sus vidas luego de supuestamente haber recibido amenazas de muerte de parte del ex subdirector de la División de Investigación Criminal (Dinc) de la Policía Nacional Civil (PNC), Javier Figueroa.

"Mis patrocinados tenían temor de que Javier Figueroa los mandara a matar porque él se los había advertido", aseguró Salazar.

Figueroa, quien renunció a su cargo el pasado viernes, se encuentra desde el pasado domingo en Costa Rica, país al que viajó junto a su familia, según el ministro guatemalteco de Gobernación Carlos Vielman, "por haber recibo amenazas".

Los agentes de la PNC, Luis Herrera López, José Korki López Arreaga, José Adolfo Gutiérrez y Marvin Langen Escobar Méndez, fueron asesinados el pasado 25 de febrero, en el interior de una prisión de máxima seguridad, ubicada a 66 kilómetros al sureste de la capital guatemalteca.

Estos eran acusados del asesinato de los diputados salvadoreños al Parlamento Centroamericano (Parlacen) Eduardo DAubuisson, José Ramón González y William Pichinte, y su chófer Gerardo Ramírez, el 19 de febrero, en la carretera que conduce de la capital guatemalteca hacia la frontera con El Salvador.

Las autoridades de Guatemala y El Salvador han integrado un equipo que será apoyado por agentes de la Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos (FBI), para investigar los asesinatos.