QUITO. _ El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Jorge Acosta, fue destituido hoy por una mayoría opositora en el Congreso que rechaza la realización de una consulta popular que decidirá la instalación o no de una asamblea constituyente de plenos poderes.

La resolución aprobada con los votos de 52 de los 73 diputados presentes, de un Congreso de 100 miembros, también estableció medidas que buscan frenar la realización del referendo al pedir el bloqueo del uso de los recursos destinados a esos gastos.

La decisión se suma a la demanda de inconstitucionalidad de la convocatoria que planteó el Congreso la víspera ante el Tribunal Constitucional.

Acosta fue designado por el Congreso como vocal del organismo electoral, en representación del partido del ex presidente Lucio Gutiérrez, y más tarde fue elegido como presidente del TSE.

CONVOCÓ CONSULTA

En esa función y con la aprobación de cuatro de los siete miembros, Acosta convocó oficialmente la semana pasada a consulta popular, en evidente contradicción con la posición de su partido nominador.

Por ello, los legisladores opositores resolvieron declarar la pérdida de calidad de representante del vocal Acosta ante el tribunal electoral, por haber incumplido con los mandatos constitucional y políticos asignados. Decidieron sustituirlo por Alejandro Cepeda.

La resolución también establece comunicarle la decisión al Contralor del Estado para que se arbitre de manera inmediata las medidas necesarias para salvaguardar el buen uso de los recursos públicos en el TSE.

Además, el Congreso decidió informar de la resolución al gerente general del Banco Central para que no permita el manejo de las cuentas del Tribunal Supremo Electoral, por parte de quien ha sido sustituido por el Congreso como vocal, ya que al perder su condición de presidente ya no puede autorizar gasto alguno.

“Quieren escamotear al pueblo ecuatoriano su consulta”, afirmó Acosta, quien anunció que el mañana acudirá normalmente a cumplir con sus funciones porque no ha sido notificado.

JUICIO POLÍTICO

En radio Quito sostuvo que el Congreso no cumplió los procedimientos constitucionales para reemplazarlo porque debían plantear un juicio político en su contra y eso no ocurrió.

“Mañana vamos a hacer el análisis que corresponda, primero queremos ver, de qué se trata esta famosa resolución”, señaló.

Rechazó el intento por bloquear los recursos económicos para la organización de la consulta como si ellos fueron jueces, cuestionó.

La consulta popular está prevista para el 15 de abril. El gobierno del presidente Rafael Correa aspira que en ella se apruebe una asamblea de plenos poderes, que más tarde sea controlada por fuerzas afines para diseñar una nueva constitución.