El presidente del Consejo Superior de la Contraloría General de la República, Luis Ángel Montenegro, calificó de “ilegales” las liquidaciones entregadas a los funcionarios y empleados de la desaparecida Superintendencia de Servicios Públicos (Sisep) y los exhortó a devolverlas, antes de ser objeto de alguna sanción por parte del ente fiscalizador.
La reacción del presidente de la CGR se dio a conocer tras una investigación publicada ayer por LA PRENSA, donde se señala que el Estado desembolsó unos 7.4 millones de córdobas para pagar liquidaciones a 77 empleados de la Sisep, una institución creada en el 2005 con fines meramente políticos y que tuvo una efímera existencia de cuatro meses.
La publicación detalla que de los 77 empleados, 26 de éstos habrían recibido liquidaciones por arriba de los 100 mil córdobas, entre los que destaca el superintendente y ex diputado por el Partido Liberal Constitucionalista Víctor Guerrero, quien habría recibido 360 mil córdobas por sus cuatro meses en la Sisep.
“Yo le digo a don Víctor Guerrero, que si recibió esa plata y si la recibieron todos estos funcionarios, que comiencen a devolver esos recursos, porque son ilegales. Que don Víctor Guerrero y todo su grupo comiencen a restituirle al Estado todos los recursos que fueron entregados de manera irregular e ilegal”, afirmó el presidente del órgano fiscalizador.
Montenegro explicó que esas liquidaciones claramente violentan lo establecido tanto por el Código del Trabajo como la Ley 390, referida al Control de la Indemnización de los Funcionarios Públicos
“Con sólo verlas en el periódico se ve que son ilegales. Víctor Guerrero, como funcionario nombrado por la Asamblea Nacional, a lo más que tenía derecho es a las vacaciones proporcionales y al ‘treceavo’ mes proporcional. Los demás funcionarios no podían tener liquidaciones de esa magnitud, porque son ilegales. Lo que se les podía cuantificar únicamente es el plazo de tiempo en que estuvieron, en proporción a su salario”, explicó Montenegro.
Comentó también que no se puede alegar que las liquidaciones fueron entregadas en el marco de un acuerdo político para poner fin al conflicto entre los poderes Ejecutivo y Legislativo en el 2005, que fue la causa del nacimiento de la Sisep.
La Sisep fue congelada con la aparición de la Ley Marco, un acuerdo político que además de congelar a esta institución, suspendió la aplicación de las reformas constitucionales que restaban facultades al Presidente para nombrar a su gabinete y cuerpo diplomático.
CGR admite equívoco
Montenegro, durante la conferencia de prensa de ayer, señaló que el ente fiscalizador no había avalado ninguna de estas liquidaciones irregulares.
Al revisar la auditoría final entregada por la CGR, nos percatamos que ésta en su página 3, punto 5, refiere que el ente fiscalizador sí había avalado el pago de las irregulares liquidaciones, como señaló LA PRENSA en su edición de ayer.
Regresamos a consultarle a Montenegro sobre esta situación, quien luego de revisar el informe final que él mismo orientó entregar, reconoció que se había dado un error por parte del equipo de auditores, y que el documento en poder de LA PRENSA al que se hizo referencia en la edición de ayer, era una copia correcta.
“Aquí hay un error. Este párrafo no debería estar ahí. Este punto sobre las liquidaciones no tiene nada que ver con la resolución que nosotros sacamos. Hay un error sobre las liquidaciones, porque este tema no fue visto. Fue una falla de los auditores”, aclaró Montenegro.
En ese sentido, reiteró que el jueves próximo determinarán en el pleno del Consejo Directivo de la CGR, la realización de una auditoría especial sobre el pago de estas liquidaciones irregulares.
