Uno de los ejes de ataque del presidente sandinista Daniel Ortega, contra el Diario LA PRENSA y otros “grandes medios de comunicación” como los llama según él con sentido despectivo, es el de que son empresas comerciales que funcionan por el interés de obtener ganancias.
Incluso, dejándose llevar por su fobia a “los medios grandes”, el presidente Ortega hizo el recién pasado primero de marzo un acuerdo con periodistas afines en el cual comprometió al Gobierno —que es de todos los nicaragüenses, no sólo del 38 por ciento que votó por él— a privilegiar a los medios de comunicación pequeños y “comunitarios” en detrimento de los medios grandes, al renovar licencias de operación y distribuir la publicidad gubernamental. Así, el presidente sandinista atropella el principio constitucional de igualdad, lo mismo que la Declaración de Chapultepec sobre la Libertad de Expresión —que él mismo firmó y se comprometió a respetar, el 4 de julio de 2001, en casa de doña Violeta Barrios de Chamorro—, y la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión, de la Organización de Estados Americanos (OEA) , de la que Nicaragua es parte y sus autoridades gubernamentales están obligadas a cumplir.
Por supuesto que los medios de comunicación, tanto los grandes y medianos como los pequeños, al mismo tiempo que desempeñan una función primordial de servicio público tienen también un interés comercial. El interés de lucro es la indispensable y sana motivación de todas las organizaciones, empresas y personas privadas que desempeñan una actividad de interés particular y social. Únicamente las empresas públicas que operan con fondos del Estado, o sea de los contribuyentes, son las que —supuestamente— no tienen un carácter comercial ni propósito lucrativo, así como las organizaciones no gubernamentales de inspiración caritativa. Pero hasta las empresas públicas cobran por los servicios que prestan y obtienen ganancias por eso, en tanto que sus funcionarios y empleados no trabajan por amor a la humanidad sino a cambio de sueldos, que para los altos dirigentes son elevados y acompañados por diversos complementos y privilegios, mientras que los trabajadores de base, con todo derecho demandan siempre mejores salarios y prestaciones.
Todo trabajo e inversión de esfuerzos físicos y mentales, o de capital, se hace a cambio de obtener un beneficio económico y material, salvo, repetimos, aquellas personas y organizaciones humanitarias y religiosas que sólo buscan gratificación espiritual. El presidente sandinista Daniel Ortega y sus ministros y hasta el más humilde empleado del Estado, desempeñan sus funciones a cambio de una remuneración y tratan de que ésta sea lo mejor posible. Incluso cuando por razones políticas y publicitarias los gobernantes se reducen el sueldo formalmente, por debajo lo complementan con privilegios pagados por quienes producen y pagan impuestos.
Por ejemplo, ¿acaso el presidente Ortega se ha “sacrificado” a lo largo de una buena parte de su vida —como revolucionario profesional, líder de su partido y supremo funcionario del Estado— a cambio de nada y para vivir en un barrio humilde de Managua? ¿Acaso no lo ha hecho para darse un salario mensual de 4,338 dólares y una jugosa pensión vitalicia y para vivir en una de las más grandes y fastuosas mansiones de Nicaragua, pagada con fondos públicos?
Volviendo al caso de los medios de comunicación, hasta la radio del Estado opera con interés de obtener ganancias para financiar su funcionamiento y pagar los beneficios y sueldos de sus directivos y empleados. Del mismo modo, los dueños, accionistas, periodistas y todos las personas que laboran en los medios de comunicación que son de propiedad privada y personal, lo hacen para recibir su correspondiente remuneración y beneficios. Y entre mayores sean éstos mejor para todos ellos.
Es una gran hipocresía acusar a LA PRENSA y otros grandes medios de comunicación de tener interés comercial y afán lucrativo. El lucro es motivo de orgullo cuando es fruto del trabajo honrado y de un capital bien habido. Lo que avergüenza —o debería avergonzar— es el lucro que se obtiene de bienes y propiedades confiscadas, de piñatas, huacas y otras formas de corrupción y abuso de poder.
