Unos 7.4 millones de córdobas se utilizaron en “una lluvia” de liquidaciones a funcionarios de la Superintendencia de Servicios Públicos (Sisep), completamente desproporcionadas respecto a lo que establece el Código del Trabajo, según se desprende de la documentación a la que tuvo acceso LA PRENSA.
Y lo peor del caso es que dichas liquidaciones fueron avaladas por la Contraloría General de la República (CGR), de acuerdo a un borrador de una auditoría sobre ingresos y egresos de la Sisep que abarcó el período entre el 2 de junio al 21 de octubre del 2005.
De estos 7.4 millones, 4.3 se utilizaron para cancelar las liquidaciones de los empleados de la Intendencia de Telecomunicaciones, y 3.1 para pagar las de los empleados de la Sisep.
La Sisep fue un invento fraguado por las bancadas liberal y sandinista en el 2005 para golpear políticamente al entonces presidente Enrique Bolaños y restarle el control sobre las instancias reguladoras de los servicios básicos.
Esta institución existió solamente por cuatro meses, pero nunca operó formalmente. Cuando las aguas políticas se calmaron con la aparición de la denominada Ley Marco, esta institución fue “congelada”. La Ley Marco fue un acuerdo político que además de congelar a la Sisep, también suspendió la aplicación de una de las reformas constitucionales que restaban facultades al presidente para nombrar a su gabinete y cuerpo diplomático.
“Con fecha 28 de noviembre de 2005, recibimos de parte de nuestro asesor legal acreditado, respuesta a consulta sobre las liquidaciones finales de funcionarios y empleados de la Superintendencia de Servicios Públicos, más aguinaldo y vacaciones hasta el mes de diciembre del 2005, concluyendo que los pagos son legales y respaldados por la cláusula sexta de los contratos de trabajos suscritos con los empleados y/o funcionarios”, cita el párrafo del informe de la CGR referido a las liquidaciones.
El principal beneficiado de estas indemnizaciones fue el parlamentario del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Víctor Guerrero (con 360 mil córdobas) en su cargo de superintendente, quien luego que la Ley Marco entrara en vigencia, habría recibido su liquidación, y tranquilamente asumió otra vez su curul en la Asamblea Nacional.
ENORME PLANILLA
La documentación en poder de LA PRENSA refleja claramente las liquidaciones para 77 empleados de esta institución, que nunca fue reconocida formalmente por la mayoría de operadores de servicios básicos del país.
Veintisiete de estos empleados laboraron en la Sisep. Otros 50 empleados fueron liquidados como trabajadores de la Intendencia de Telecomunicaciones, una instancia de la Sisep que nunca tuvo una sede formal, por lo que “funcionó” en el mismo edificio de la superintendencia.
Guerrero no fue reelecto en su cargo como diputado para la legislatura que tomó posesión de sus curules en el Parlamento este año. Luego de la victoria del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en las pasadas elecciones, Guerrero albergaba la esperanza de que las negociaciones políticas entre los distintos partidos acordaran una reactivación de la Sisep.
Sin embargo, estos acuerdos a lo que condujeron fue a un nuevo congelamiento de la institución hasta el 20 de enero del año 2008, lo que llevó a Guerrero a desaparecer del escenario.
LA PRENSA intentó localizar a Guerrero por medio de los dos teléfonos móviles que tenemos documentados. En uno de estos nos respondió una muchacha que nos dijo que el teléfono le había sido vendido por el ex parlamentario. El otro número fue reportado como inhabilitado. Tampoco tiene registrado teléfono convencional a su nombre, ni vive en la dirección en la que aparece en el padrón electoral del Consejo Supremo Electoral (CSE).
El viernes por la tarde intentamos localizarlo por medio de su esposa, la diputada liberal Ana Julia Balladares, pero el teléfono móvil de la parlamentaria sólo sonaba con un tono de ocupado.
Guerrero fue el que tuvo la mayor liquidación (360 mil córdobas), debido a su cargo como superintendente, pero los documentos en nuestro poder reflejan que 10 empleados más recibieron liquidaciones por encima de los 100 mil córdobas por “trabajar” tan sólo cuatro meses.
LOS “PREMIADOS”
La más baja de estas particulares liquidaciones (de más de 100 mil córdobas) fue por un monto de 102 mil córdobas, para Oscar Bojorge Mendoza, en su cargo como Auditor Interno; 120 mil córdobas para Moisés Absalón Pastora, responsable de Relaciones Públicas; 150 mil córdobas para Miguel Meléndez Treminio, Responsable de Adquisiciones; 170 mil córdobas a Miguel Ángel Casco, Asesor Social; 120 mil córdobas a Marcia Sobalvarro García, responsable de Recursos Humanos; 225 mil córdobas a Francisco Ramón Mendoza, Analista Económico; 319 mil 492 córdobas a Eduardo Neón Rodríguez, Secretario Ejecutivo; 216 mil 041 córdobas a Douglas España Morales, Director Administrativo Financiero; 302 mil 317 córdobas a Carlos Solís Solís, Asesor Económico; y 180 mil córdobas a Adolfo García Esquivel, como Asesor Legal.
LA PRENSA buscó a los nombres más conocidos de este listado para consultar sobre sus aportes concretos para el funcionamiento de una institución que operó solamente cuatro meses, período en el cual solamente se limitó a refrendar las decisiones que ya habían sido tomadas por las entidades regulatorias tradicionales.
“CHIMADOS”
Los consultados fueron el abogado Adolfo García Esquivel, el periodista Moisés Absalón Pastora y el reverendo Miguel Ángel Casco.
En el caso de García Esquivel y Absalón Pastora, reaccionaron molestos al preguntárseles por sus aportes como funcionarios pagados con dinero de los contribuyentes.
“Pues mi trabajo fue hacer lo propio que hace una oficina de relaciones públicas: divulgación y prensa”, respondió primeramente el periodista Moisés Absalón Pastora.
Cuando le preguntamos cuánto ganaba en la Sisep, repentinamente, Pastora se molestó mucho. “El periodismo está mal en este país. ¿Por qué te tengo que decir? (cuál era su salario). 20 mil córdobas era lo que yo ganaba. Yo hice mi trabajo dentro de una institución que fue devastada por las negociaciones políticas y por la cual los trabajadores que estábamos en la Sisep no teníamos porqué pagar, y ahí el criterio de las indemnizaciones para cada uno de los que trabajábamos”, aseguró el periodista, conocido por su estrecha relación con el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), que lidera el reo y ex presidente Arnoldo Alemán Lacayo.
SISEP NO ARRANCÓ
¿Pero usted diseñó alguna estrategia de comunicación, algo concreto por el cual se le pagara esa liquidación?, preguntamos. “Si la institución no arrancó, ¿Cómo vamos a hacer una estrategia de comunicación? Espero que seas objetivo en lo que estás escribiendo, porque de lo contrario, te voy a responder”, advirtió airado Pastora.
Más furibunda fue la reacción del abogado Adolfo García Esquivel, quien nos dijo que fue asesor de la Sisep especializado en aspectos constitucionales.
“Continuamente estuvimos introduciendo recursos de amparo. No fue un recurso, fueron 25, 30 recursos de amparo. Contra quien sea. Ahí están en los tribunales. Fueron recursos contra el gobierno del señor (Enrique) Bolaños y de otra índole. La Ley Marco fue una medida de orden político, político, entendé bien eso”, respondió exaltado.
TENSIÓN AMNÉSICA
¿Cuánto ganaba usted como asesor?, preguntamos.
“Yo estoy enfermo. Ahorita no te puedo dar detalles de esa clase. Tengo un problema de orden hipertensional. ¡Me vas a matar! No estoy para esos detalles. La verdad es simple. No estés haciendo diablos en el aire. Andá averigualo, ¡andá! No te tengo porqué decir nada. Yo te puedo decir lo que a mí se me ocurra. No me preguntés a mí. Averigualo”, y cortó bruscamente la comunicación telefónica.
El reverendo Casco, por su parte, tuvo una reacción bastante tranquila ante nuestras preguntas, pero aseguró que el monto de su liquidación no fue de 170 mil córdobas. Sin embargo, LA PRENSA tiene en su poder, además del listado de empleados indemnizados, copias de los recibos firmados por los beneficiados con las liquidaciones. Uno de esos recibos, por dicho monto, está a nombre de Miguel Ángel Casco.
“Elaboré estrategias sobre cómo la institución se tenía que relacionar con los diferentes sectores sociales de la población. Era un plan estratégico para hacer un trabajo más efectivo y menos burocrático. También asesoraba al superintendente de cara a cómo enfocar los temas sociales cuando se dirigiera a los medios de prensa. Cómo tratar esos temas de manera sencilla y fácil de comprender. Y luego, a lo interno, crear mecanismos de intercomunicación social entre las áreas para que no se convirtieran en islas, sino en dependencias que tuvieran vasos comunicantes entre sí”, explicó Casco en referencia a su función como Asesor Social de la Sisep.
Señaló que toda la documentación relacionada a su trabajo debe estar archivada, luego del congelamiento de la Sisep, pero desconoce en qué lugar.
¿Cuánto ganaba Reverendo?, preguntamos.
“No tengo a mano algún recibo, no me acuerdo, pero creo que oscilaba entre 25 a 30 mil córdobas”.
¿Usted recibió una liquidación de 170 mil córdobas cuando dejó la Sisep?, continuamos preguntando.
“Fíjate que no, categóricamente te puedo decir que no fue esa cantidad. Fue mucho menor, pero tendría que verificar ese dato, pero de lo que estoy seguro es que no fue por ese monto”.
