Esta semana llegará a Colombia el mandatario de Estados Unidos, George W. Bush, en momentos en que su homólogo, Álvaro Uribe, enfrenta el “paragate”, como bautizaron los medios de comunicación estadounidenses, al escándalo que ha revelado nexos con los paramilitares, de políticos, militares, alcaldes, gobernadores regionales y ex funcionarios del Estado colombiano muy cercanos al círculo presidencial, y que resquebraja la institucionalidad del país andino, signado por el narcotráfico y por un conflicto armado que lleva más de cuatro décadas.
La opinión pública colombiana está de acuerdo en que este escándalo es mayor o al menos, de iguales proporciones, al Proceso Ocho Mil, que vivió el ex presidente Ernesto Samper (1994-1998), quien fue acusado —y luego absuelto— de financiar su campaña electoral con dinero sucio proveniente del cártel de Cali.
En el “paragate” —juego de palabras entre paramilitares y Watergate, el escándalo que le costó la Presidencia a Richard Nixon en EE.UU.—, hay casi un centenar de personas investigadas por transar en todos los ámbitos —para ganar elecciones, para vigilar y eliminar adversarios— con los cabecillas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), los paramilitares. Y lo grave, es que la mayoría de ellas están ligadas al uribismo.
Las AUC nacieron como formas de defensa ante la guerrilla y los secuestros por rancheros y hacendados, pero luego devinieron en poderosos ejércitos irregulares, responsables por atrocidades y ligados al narcotráfico.
Los hechos
Los primeros chispazos de la crisis que vive el gobierno colombiano, asomaron en noviembre pasado. Cuando el comercio se alistaba para las ventas de diciembre, la Corte Suprema de Justicia dictó orden de captura contra tres congresistas uribistas de Sucre, departamento situado en el noreste del país.
A los tres, les hallaron pruebas que los relacionan con los jefes paramilitares de esa región.
Sin embargo, el “culmen” del escándalo de la “parapolítica”, estalló en febrero de este año, sin que el mandatario colombiano pudiera evitarlo.
La Corte salió nuevamente a la carga, el 15 de febrero. Ordenó la captura de otros seis parlamentarios, afines al uribismo. Uno de ellos está prófugo, supuestamente escondido en España.
En total, son nueve ya los congresistas llamados por la Justicia.
En los días previos, a esta orden de la Corte, el presidente sostuvo un agrio y álgido rifirrafe con miembros de la oposición política por el mismo tema. Algunos consideraron que era una cortina de humo para distraer la atención de la “parapolítica”.
Uribe llamó “terroristas vestidos de civil” a dirigentes del partido de izquierda, Polo Democrático Alternativo, PDA, luego que el senador Gustavo Petro, integrante de esa coalición, dijera que el hermano del mandatario tiene relaciones con paramilitares en Sucre, y que en la época en que el mandatario fue gobernador de Antioquia (cuya capital es Medellín), las AUC se desarrollaron.
Cae la canciller
La detención de los parlamentarios le costó el cargo a la ministra de Relaciones Exteriores, María Consuelo Araújo, una mujer que llevaba seis meses en ese puesto y que gozaba de la entera confianza del Presidente, quien hasta el último instante quiso sostenerla en la Cancillería.
Presionada por la opinión pública, Araújo dimitió cuatro días después de esta segunda redada en el Congreso, porque entre los investigados figura uno de sus hermanos, el senador Álvaro Araújo, quien supuestamente alcanzó la curul en César, un departamento en la costa atlántica, gracias al apoyo de los jefes de las AUC.
En esa región, el clan Araújo ha sido símbolo de prestigio y abolengo.
Hace unos días, la Corte mandó a detener también al padre de María Consuelo, el ex ministro Álvaro Araújo Noguera. Lo investigan por su implicación en el secuestro de un ex candidato a la gobernación por ese mismo departamento.
En ese ínterin que ha puesto a los Araújo a ras del suelo, los destapes de la justicia no cesaron, pese a las amenazas de muerte que recibieron algunos magistrados.
Siguió el proceso de indagatoria para 80 miembros del Ejército, entre esos altos mandos militares, llamados por la misma causa: relaciones estrechas con los paramilitares.
En esos días, hubo congresistas pidiendo que se disolviera el Senado, sin embargo, el llamado no prosperó.
Quizá, lo que más ha removido las fibras del gobierno hasta ahora, ha sido la orden de arresto que giró la Corte contra Jorge Noguera, ex director del principal organismo de inteligencia de Colombia, el DAS (Departamento Administrativo de Seguridad).
Noguera, quien al momento de su arresto fungía como embajador de Colombia en Italia, era un hombre también de la entera confianza del mandatario.
La revista colombiana Semana, reveló testimonios de ex subordinados de Noguera en el DAS, que aseguraron a la Fiscalía, ser miembros activos de bloques paramilitares, y al mismo tiempo ser funcionarios de ese organismo de seguridad.
Según la denuncia, por efecto de esa infiltración de las AUC en el DAS, se habrían auspiciado muchas actos de corrupción y abusos de poder. Uribe, que conoció a Noguera durante su primera campaña a la Presidencia, en el 2002, ha pedido perdón en estos días por haberlo designado en un cargo tan importante, y por haber confiado en él, a pesar de las acusaciones que se conocieron en su contra hace tres años.
En los otros casos, el origen del resto de acusaciones tiene dos pilares claves: la confesión del desmovilizado jefe paramilitar Salvatore Mancuso, quien reveló la existencia de un pacto secreto entre políticos y dirigentes de la AUC, para hacerse del poder, y la información encontrada en el computador de otro cabecilla “para”, conocido con el alias Jorge 40.
También, ha tenido que ver el dedo acusador del senador Petro, quien hace un año organizó un debate en Sucre, en el que presentó pruebas contra los congresistas de ese departamento que hoy están en la cárcel.
Petro cree que el Presidente ha construido un cerco a su alrededor, y que debería asumir su responsabilidad política y debe dar explicaciones de todo lo que está ocurriendo.
Con Petro está el senador Jorge Robledo, vocero del PDA.
“En otro país el mandatario ya hubiera dado la cara, porque si bien él no tiene responsabilidad penal, sí tiene responsabilidad política por la colectividad que representa, no es casual que el 95 por ciento de los acusados sean uribistas”, afirma Robledo.
Hacia un tsunami
La cresta de la ola podría crecer durante las próximas semanas. Están previstas declaraciones ante la justicia de otros dirigentes de las AUC.
Además, estudios académicos revelan que otros cinco congresistas más de tendencia uribista podrían ser llamados a declarar en momentos en que la Fiscalía comienza a mostrar fisuras internas.
El senador Petro ha anunciado para mediados de este mes, un debate sobre el paramilitarismo en Antioquia, en el que presentará pruebas de cómo se desarrollaron en los años en que Uribe era gobernante.
Uribe bien parado
A pesar de este panorama, analistas locales y funcionarios, creen que el Presidente tiene la sartén por el mango, y lo eximen de cualquier responsabilidad frente a lo que está ocurriendo.
El politólogo Alfredo Rangel, que preside la fundación Seguridad y Democracia, cree que todas estas relaciones que han salido a luz pública son resultado del desmonte del paramilitarismo que el Presidente ha promovido, “pero de ninguna manera se puede pensar que el gobierno del presidente Uribe haya estado involucrado en ese tipo de situaciones”.
“No creo que se pueda pensar que el Presidente, Álvaro Uribe, nombró al director del DAS para que tuviera colaboración ilícita con los gobiernos paramilitares (…) éste es un caso excepcional”, asegura Rangel, y considera que el gobierno debe continuar apoyando de manera decidida la realización de estos juicios.
Sobre la soledad de Uribe, también ha hablado el ex presidente liberal, Alfonso López Michelsen, al semanario El Espectador. “Lo que le sucede a él, es porque él mismo lo ha querido, porque quiere imponerse por encima de todos”.
