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Noticias >> Economía
Víctor Urcuyo. (LA PRENSA/ARCHIVO)
Superintendencia analiza caso BECA
Consejo Directivo de la SIB decidirá si restituye licencia de operación al banco según sentencia judicial
Mirna Velásquez Sevilla y Mario José Moncada
economia@laprensa.com.ni
No afecta al Bancentro

El BECA abrió al público en septiembre de 1994 y cerró funciones en julio de 1996, cuando fue declarado en "quiebra técnica" .

Los depósitos del BECA fueron vendidos por un monto de 25 millones de dólares al Banco de Crédito Centroamericano (Bancentro), y las deudas absorbidas por el Estado de Nicaragua en la administración de Violeta de Chamorro.

Sin embargo, en julio del 2004, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), declaró nulo todo lo actuado en relación a la intervención y posterior liquidación en 1996.

El juez Cuarto Civil de Distrito de Managua, Néstor Castillo, recordó que existe una sentencia emitida por él mismo y confirmada por el Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM) en la cual declara que en este juicio de recuperación del BECA, no tiene nada que ver Bancentro.

Porque se trata de "subastas públicas que cualquier banco, como cualquier otra entidad podía adquirir", aclaró el judicial a LA PRENSA.

Pide notificación

El titular de la SIB, Víctor Urcuyo, envió una comunicación escrita al juez Néstor Castillo, en la cual expresa que la notificación de la resolución del caso BECA debe hacerse a todos los miembros del Consejo Directivo, entre ellos el presidente del BCN, Antenor Rosales, según dijo el judicial.

El otrora presidente del Banco Europeo de Centroamérica (BECA), Álvaro Robelo, tendrá que cumplir una serie de requisitos legales y económicos para poder reactivar la entidad financia, si la Superintendencia de Bancos (SIB) resuelve restituirle la licencia de operación según una sentencia del Poder Judicial.

Víctor Urcuyo, titular de la SIB, declaró a LA PRENSA que la entidad reguladora y supervisora del sistema financiero analizará los alcances jurídicos de la sentencia emitida por el Juzgado Cuarto Civil de Distrito de Managua que manda a restituir la licencia de operación del BECA, que fue declarado en "quiebra técnica" en julio de 1996, debido a desvío de fondos y malos manejos.

Urcuyo dijo que la decisión de restituirle la licencia de operación al BECA deberá ser resuelta por el consejo directivo de la SIB.

“De devolverle la licencia es una decisión que tendrá que tomarse a nivel del consejo directivo y las resoluciones judiciales acuérdate que son de ineludible cumplimiento en cuanto sean capaces de llevarse a cabo”, sostuvo Urcuyo.

CAPITAL REQUERIDO

No obstante, aclaró que para poder volver a operar el BECA, en caso de que su licencia de operación sea restituida, “tiene que cumplir con todos los requisitos que la ley y la normativa de la materia (es decir la legislación bancaria)”, señaló.

Para crear y poner en operación un banco se necesita actualmente un capital de por lo menos 200 millones de córdobas, según la Ley General de Bancos, de los cuales el 80 por ciento debe ser depositado en el Banco Central de Nicaragua (BCN), y el restante 20 por ciento podría ser usado por el banco para iniciar a operar.

“Además se tienen que cumplir otros requisitos que hoy en día no son tan fáciles. (Por ejemplo) adoptar medidas para la prevención del lavado de dinero y cumplir con aspectos tecnológicos que antes no existían”, ejemplificó Urcuyo.

El BECA inició operaciones con un capital de 12.7 millones de córdobas, el requerido en ese entonces. Para julio de 1996 el banco había perdido el 49.72 por ciento de su patrimonio, por encima del 35 por ciento permitido, según la SIB.

JUEZ COINCIDE

El juez Cuarto Civil de Distrito de Managua, Néstor Castillo, explicó que la sentencia que ordena la restitución de la licencia de operación del BECA no es definitiva, porque será la SIB la que deberá decidir si esta antigua entidad bancaria llena los requisitos para volver a operar.

La resolución judicial es producto del proceso que entabló Robelo bajo la demanda de daños y perjuicios contra la SIB, debido a lo cual reclama al Estado una indemnización por el orden de los 65.8 millones de dólares.

“No estoy mandando a entregar ningún dinero. Para eso hay que hacer un gran estudio con peritos y gente preparada en la materia de contabilidad para contar todos estos daños. Esto es algo que se va a llevar mucho tiempo”, admitió el judicial ayer a LA PRENSA.

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