Durante gran parte de la década pasada, la reforma del Estado se sustentó en el Consenso de Washington que prestaba especial atención, entre otros, a programas de disciplina fiscal, liberalización de la economía y privatización. Se procuraba, pues, la modernización del Estado a través de la reducción de la burocracia gubernamental y del gasto público, a la vez que se incrementaba la eficiencia y productividad. Con mucha razón, estas reformas han sido llamadas “de primera generación” y se aplicaron casi sin excepción a todas las instituciones públicas.
Para muchos, el verdadero impacto de estos programas en el desarrollo y la gobernabilidad todavía es cuestionable aunque hay quienes pensamos que sirvieron de plataforma para cambios subsiguientes más profundos en la consolidación democrática a través de las reformas de segunda generación. El énfasis de esta nueva etapa de la modernización del Estado fue puesto en las políticas de transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información. En América Latina estos programas se aplicaron de forma selectiva al no alcanzar a todos los sectores con igual intensidad, particularmente a la Defensa Nacional.
Nicaragua no es la excepción a esa tendencia y esto es particularmente cierto para las dos administraciones anteriores. Durante la presidencia de doña Violeta Barrios de Chamorro, nuestro país se destacó internacionalmente como un caso exitoso de transformación de la Defensa de un modelo de tiempos de guerra a uno en tiempos de paz, en tiempo récord. En menos de cinco años el gasto en Defensa pasó a significar el 16 por ciento del PIB y el 50 por ciento del total del presupuesto a menos del 2 por ciento del PIB y menos del 7 por ciento del Presupuesto General de la República. En 1994 y 1995 se hicieron, además, reformas jurídicas que definieron el carácter nacional, profesional, apartidista y no deliberante del Ejército de Nicaragua.
Sin embargo, algo sucedió a finales de la década anterior, pues a excepción de la organización formal de un Ministerio de Defensa en 1997 y la aprobación de un artículo específico en la Ley 290 en 1998, no se identifica otro programa de impacto en la modernización de ese sector. Similarmente, si bien se avanzó tímidamente en la formulación de lineamientos de políticas de Defensa a través de un Libro Blanco, el Ministerio de Defensa fue completamente excluido de los millonarios proyectos de Reforma y Modernización del Estado e inclusive se optó, intencionalmente, por postergar la ambigüedad jurídica entre la Ley 290 y el Código Militar.
Es evidente que durante los últimos seis años el sector Defensa ha sido el gran olvidado de los programas de modernización. La falta de voluntad política para impulsar reformas de segunda generación en este importante sector del Estado ha hecho que el gasto en Defensa funcione bajo mayor discrecionalidad presupuestaria que otras instituciones públicas. Inclusive, con las reformas que el presidente Daniel Ortega hizo a la Ley 290, el sector Defensa experimentó un retroceso institucional muy agudo. Además, las oportunidades para lograr mayores espacios de participación civil han sido minadas por los cambios en la legislación que, aunque aparentemente pequeños, borraron de un plumazo diez años de trabajo en la conformación de dicho Ministerio y neutralizaron los modestos pasos hacia la transparencia y auditoría social de las políticas y presupuestos de Defensa.
En consecuencia, Defensa es uno de los sectores del Estado con menos controles, fiscalización, transparencia y rendición de cuentas, ya que, bajo el esquema actual, su presupuesto está sujeto a procedimientos menos acuciosos y exigentes de auditoría contable y de desempeño de los que se les exige, por ejemplo, al gasto en Salud o Educación mismos que deben responder hasta cuatro diferente tipos de indicadores. Los efectos futuros de esto, reforzado con los recientes cambios a Ley 290 y las nuevas amistades peligrosas de Nicaragua como Irán y Venezuela, aún están por verse.
