Los resultados preliminares de las investigaciones por la supuesta extorsión en la que habría participado el ex diputado sandinista Gerardo Miranda, podrían inducir a los investigadores a concluir que es nulo el proceso de compra-venta de una extensa propiedad en litigio en el municipio de Tola.
El dato se reveló durante una exposición hecha por una comisión investigadora integrada por varias instituciones ante una comisión especial parlamentaria, en la cual no se menciona por ningún lado el tema de la extorsión que dio pie a la denuncia e investigación del caso.
En el proceso de indagaciones de la supuesta extorsión se ha detectado una gama de operaciones jurídicas que según la Procuraduría General de la República (PGR) son falsas.
La Subprocuradora General de la República, Yara Pérez Calero, precisó ante los diputados que la compra de la propiedad por parte de los inversionistas a la Cooperativa Pedro Joaquín Chamorro, es nula, debido a un sinnúmero de irregularidades detectadas en las investigaciones.
La Fiscalía junto a otras instituciones investiga una supuesta extorsión y chantaje contra el inversionista Armel González, quien denunció en el programa televisivo Esta Semana ser víctima del ex diputado Gerardo Miranda, actual cónsul de Nicaragua en Liberia, Costa Rica, quien le habría ofrecido ayudarle en la disputa por la propiedad, a cambio del pago de una suma millonaria.
La propiedad de 1,200 manzanas, habría sido vendida por la Cooperativa Pedro Joaquín Chamorro (PJCH) a la Sociedad Inversiones González Bolaños, en el 2000, misma que realizó una transacción de venta a Inversiones San Cristóbal.
La misma propiedad fue vendida en febrero de 2005 a otras personas.
“TODO ES FALSO”
La PGR profundiza en la supuesta disolución de la cooperativa, que según las sospechas también fue anómala.
La subprocuradora Pérez detalló que la cooperativa PJCH fue disuelta utilizando un acta falsa en la que se simulaba una asamblea general y en la que se le habría otorgado un poder a Samir González.
Las investigaciones detectaron que esta situación realmente no ocurrió, porque González no se encontraba en el país en ese momento, de acuerdo a los registros migratorios.
“(...) Por consiguiente es falsa la disolución de la cooperativa y por tanto también es falso el despojo de tierra a esta gente (cooperativistas)”, indicó la funcionaria. Se espera que las indagaciones abarquen los registros de la propiedad de Rivas y al Ministerio del Trabajo.
MEDIO AMBIENTE
En tanto, la fiscal adjunta Ana Julia Guido informó que también se encontraron problemas de medio ambiente, lo cual derivó en una denuncia de parte del Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (Marena).
“Cuando hicimos la inspección in situ nos encontramos con temas que tienen que ver con el medio ambiente y los conflictos de propiedad (...) como el problema de las escrituras, ha habido falsificación de documentos (...)”, dijo la fiscal adjunta.
Agregó que fue designado un fiscal especial en temas ambientales para que investigue este aspecto.
La investigación no está concluida y por parte de la Fiscalía está pendiente realizar un análisis de acústica forense en el extranjero en la grabación original, en la cual supuestamente aparece el ex diputado Miranda chantajeando al inversionista Armel González.
El análisis de la cinta grabada, donde supuestamente se realizó el diálogo de la extorsión, es lo que está evitando que continúen las pesquisas en cuanto al delito, porque la Policía de Nicaragua no tiene los medios para hacer un peritaje de este tipo.
La primera comisionada de la Policía Nacional, Aminta Granera, también hizo una exposición del caso ante la Asamblea Nacional, donde aclaró que no le corresponde a esa institución resolver este caso.
