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Noticias >> Nacionales
Armando Juárez. (LA PRENSA/Archivo)
Fiscal Juárez con demanda alimenticia
Ex pareja le pide alimentos para su hija, y la denuncia
Mirna Velásquez Sevilla
nacionales@laprensa.com.ni

Una cruenta batalla judicial en la cual están de por medio los alimentos para una niña de cinco años, protagoniza el fiscal Armando Juárez López, Inspector General de la Fiscalía, quien se opone a someterse a una prueba de ADN.

Juárez se niega a enfrentar una demanda de pensión alimenticia promovida en su contra por Xiomara Morales Blanco, quien reclama le dé el 35 por ciento de su salario para la alimentación de la hija que, según la madre, ambos procrearon.

Juárez, al ser preguntado sobre el caso, respondió que no tenía comentarios al respecto.

El caso contrasta con el del empresario Manuel Ignacio Lacayo, quien cumple una pena de dos años de prisión por supuestamente no cumplir con otorgar una pensión alimenticia a su hija, a pesar de depositar mil dólares y cubrir todos sus gastos.

La demanda fue introducida en noviembre de 2006 ante el Juzgado Cuarto Local Civil de Managua, en aquel momento a cargo de la juez suplente Sandra Molina Cabezas, pero el funcionario no atendió las citas para un trámite de mediación, argumentando que no fue notificado personalmente del caso ni en el tiempo ni en la forma debida.

En base a este hecho, el fiscal Juárez introdujo una denuncia criminal ante la Fiscalía (institución de la cual es el tercero en jerarquía), declarándose víctima de la madre de la niña, y de la juez Molina.

“CHANTAJE”

Para Juárez López, su ex pareja Morales Blanco se coludió (asoció) con la juez y el oficial notificador para chantajearlo con imputaciones que lesionan su honor y prestigio, lo cual causa perjuicios a él, su familia y a la Fiscalía.

En la denuncia de Juárez contra Morales, se achacan los delitos de asociación para delinquir, extorsión, chantaje, abuso de autoridad y prevaricato.

Morales Blanco narró en su demanda que el fiscal Juárez actualmente no le da dinero para los alimentos de la niña, y antes, cuando la niña cumplió cuatro meses, le daba entre 400 a 800 córdobas “esporádicamente” o “según su ánimo”.

A juicio del demandado, la madre de la niña pretende “obtener dinero” de su patrimonio y consideró que se está aprovechando de su condición de secretaria de actuaciones en un juzgado de Managua, para “cometer sus fechorías”.

“(Los denunciados) han actuado concertadamente desde el 24 de noviembre de 2006, que simularon una demanda por alimentos”, cita la denuncia, que también califica de “falsa demandante” a Morales Blanco, porque supuestamente faltó a los procedimientos legales para entablar una demanda, al no presentarse personalmente al tribunal.

NO QUIERE ADN

La niña nació en julio de 2002 y no lleva el apellido de su supuesto padre, según consta en su certificado de nacimiento. Basado en esto, Juárez alega que no tiene obligación con la menor y que no tendría “reparos en reconocerla” si fuera su hija.

La juez terminó la discusión de la notificación con una resolución en la cual no admitió un incidente de nulidad de Juárez contra la notificación de la demanda en su contra y más bien le prohibió la salida del país.

En esta discusión intervino el Tribunal de Apelaciones de Managua, hasta donde llegó el caso por un recurso de apelación promovido por Juárez, señalando que no se había demostrado en el juicio que la niña fuese su hija realmente.

El 22 de febrero de 2007 los magistrados mandaron a Juárez a someterse a una prueba de ADN para determinar si él es el padre biológico de la niña, pero también suspendieron la orden de retención migratoria que pesaba sobre él.

La resolución fue firmada por los magistrados Gerardo Rodríguez, Noel Pereira Morice y Rafaela Urroz, los dos últimos integraron la Sala Civil Dos en vista de la ausencia de dos miembros de dicha Sala.

La prueba tendría que ser realizada con las muestras de sangre de la niña, su madre y Juárez, en el Instituto de Medicina Legal y luego remitir las muestras a El Salvador.

Despejar esta duda está tomando su tiempo, pues el fiscal recusó a los magistrados que le ordenaron se practicara la prueba y éstos tuvieron que separarse del caso y pasar a manos de la magistrada Arróliga, quien deberá decidir si cabe o no el recurso de recusación promovido por Juárez.

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