El representante del Fondo Monetario Internacional (FMI) en Nicaragua, Humberto Arbulú, confirmó ayer que el organismo internacional “quiere” un manejo transparente del financiamiento concesional de suministro petrolero que Venezuela otorga al país y que se valora en un mínimo anual de 300 millones de dólares.
Arbulú aseguró que esta petición del Fondo será parte de la agenda de la cuarta ronda de negociaciones que inicia hoy en Managua y que busca un programa entre el país y el organismo, que garantice la estabilidad macroeconómica nacional durante los próximos tres años.
“Nosotros queremos estar seguros de cómo se van a utilizar estos recursos”, dijo Arbulú, tras señalar que el Fondo pretende que Nicaragua no aumente el monto de su deuda externa, que al cierre del 2006 sumó 4,526 millones de dólares.
Arbulú precisó que dos de las maneras más simples de garantizar el manejo transparente de la cooperación venezolana, son: “ponerla en el presupuesto” o registrarla “a través de Petronic (Petróleos de Nicaragua), pero que sea una deuda de Petronic, que pase por el tamiz de ciertas instancias”.
Sin embargo, indicó que aún no han discutido estas opciones con el Gobierno y que esperan hacerlo hoy.
El Presidente de la República, Daniel Ortega, firmó el 11 de enero —un día después de asumir el poder— un conjunto de acuerdos de cooperación con el Presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías, en el marco de la Alternativa Bolivariana para las Américas (Alba), que impulsa el mandatario sudamericano.
Entre estos acuerdos, ratificados luego en abril, se establece que Venezuela suministrará a Nicaragua hasta 27 mil barriles de petróleo diarios a precios del mercado internacional, de los cuales el 50 por ciento del valor del petróleo venezolano adquirido debe ser pagado en un plazo de tres meses, mientras el otro 50 por ciento se cancelará en 25 años con una tasa de interés del dos por ciento.
Con este acuerdo, Nicaragua aliviaría el monto de su factura petrolera estimada en 10 millones de barriles cada año.
“Las autoridades nos han expresado de la manera más clara posible que en su programa económico, el financiamiento concesional de Venezuela, específicamente en el crédito para la importación de petróleo, es importante para el financiamiento de sus gastos sociales y nosotros hemos entendido ese mensaje”, indicó Arbulú.
NADA CONTRA ALBA
El representante del FMI añadió que “el Fondo no haría absolutamente nada para poner obstáculos al desenvolvimiento de esos fondos para que se desembolsen de manera apropiada, oportuna y rápida”.
Sin embargo, advirtió que “lo que todavía tenemos que discutir un poco (el Fondo y el Gobierno) es el asunto de la transparencia en el uso de los recursos y esto no es una condicionalidad del Fondo”.
Arbulú aclaró que “el Fondo no está pidiendo condiciones especiales para la transparencia. Lo único que el Fondo dice es que esos fondos tienen que desembolsarse de manera transparente de acuerdo a las leyes, regulaciones y normas nicaragüenses que ya están en este momento debidamente aprobadas por todas las autoridades”.
En noviembre del 2003, el Gobierno de Enrique Bolaños publicó la Ley 477 o Ley General de Deuda Pública, en la que se establece que deuda pública son los “compromisos financieros contraídos por las instituciones del sector público, que impliquen obligaciones de pago directo derivadas del financiamiento recibido”.
El Gobierno ha justificado en diversas ocasiones, que el suministro de derivados de petróleo de parte de Venezuela es una inversión de la empresa Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) en la estatal nicaragüense Petronic, por lo tanto esta cooperación no tendría que ser incluida en el Presupuesto General de la República ni significará un aumento de la deuda externa del país.
Sin embargo, el economista Adolfo Acevedo, asesor de la Coordinadora Civil, ha señalado también que la reforma a la Ley 290, sobre la Organización del Poder Ejecutivo, indica que Petronic es una entidad empresarial estatal descentralizada y por tanto sus compromisos trascienden al Estado, es decir que Nicaragua aumentaría su deuda externa, que es lo que el FMI quiere evitar al país.
En este sentido, los compromisos de Petronic estarían sujetos a la Política de Endeudamiento Público del 2007, que establece un límite de endeudamiento de 30 millones de dólares, es decir el diez por ciento del monto que Nicaragua debería cada año a Venezuela.
“Me parece positivo que el Gobierno haga uso de esos recursos de países amigos, pero tendría que estar en un presupuesto o (regulada con) otras normas que ya existen y permiten tener claridad de en qué se invierten esos recursos”, insistió Arbulú.
