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La juez preguntó a los colombianos y al guatemalteco durante el juicio si querían decir algo, pero ellos prefirieron callar. (LA PRENSA/ARCHIVO)
Culpables por traficar droga
Defensores de colombianos y el guatemalteco capturados tras operación policial, alegaron que también son víctimas del narcotráfico
Defensa de acusados intenta recusar a la juez que llevó el caso
Carlos Martínez Morán
nacionales@laprensa.com.ni.
No menos de 10 años de prisión

El 29 de junio la Juez Adela Cardoza Bravo dará a conocer la sentencia contra los colombianos y el guatemalteco, declarados culpables en el delito de transporte ilegal de estupefacientes.

El fiscal Alejandro López Dávila y la procuradora penal Ada Luz Valerio Barrera solicitaron 13 años de prisión para cada uno de los implicados.

No obstante, los defensores solicitaron a la judicial la pena mínima de 10 años.

Ellos argumentaron su solicitud, diciendo que sus defendidos no tenían antecedentes penales.

Uno de los abogados, José Abraham Páramo, hasta presentó cartas de recomendación supuestamente extendidas por honorables personas a favor del guatemalteco Juan Ramón Rodríguez González.

El abogado Luis Daniel Hernández Montoya alegó que sus defendidos, Francisco Rosales Hinojosa y Carlos Alberto Serrano Hurtado no sabían lo que transportaban y que fueron contratados bajo engaño.

En una de sus intervenciones dijo que estaba de acuerdo en que declararan culpable a sus defendidos si con eso se acabara el tráfico de droga.

Pero que si el problema continuaba le dijo a la judicial que mejor los dejara libres, porque ellos también supuestamente eran víctimas del narcotráfico.

También alegó que los dueños de la droga andaban libres y sin ningún problema, dándose la gran vida y que no era posible que se condenara a unas personas que bajo engaño habían decidido ganarse algún dinero.

Las cinco personas que capturó la Policía Nacional con un cargamento de cocaína, frente a las costas de Masachapa, fueron declaradas culpables del delito de transporte ilegal de estupefacientes y sicotrópicos en un juicio oral y público que se realizó ayer en el juzgado de la Universidad Centroamericana.

Los enjuiciados responden a los nombres de Francisco Rosales Hinojosa, de 50 años; Manuel Isaac López Hinojosa, de 34; Carlos Alberto Serrano Hurtado y James Rentería Alboleda, de 31, todos colombianos y el guatemalteco Juan Ramón Rodríguez González.

Todos ellos fueron detenidos en alta mar el pasado 24 de abril en una operación policial, denominada Gladiador, en la cual se ocuparon un mil 858 tacos de cocaína que habían salido de Colombia y que tenían como destino final los Estados Unidos de Norteamérica.

El juicio inició a eso de las 9:00 de la mañana y concluyó cerca de las 8:00 de la noche.

A inicio de la audiencia los defensores de los acusados promovieron un incidente de recusación en contra de la judicial que conoció el caso, la doctora Adela Cardoza Bravo, porque supuestamente había externado criterio que dejaba en evidencia cierta inclinación desfavorable hacia los implicados.

El abogado Francisco Raudez, defensor de Manuel Isaac López Hinojosa y de James Rentería Alboleda argumentó que su recusación se basaba principalmente en que la judicial Cardoza Bravo habría dicho seis días antes del juicio, el pasado 19 de junio, “que existían suficientes evidencias en la causa”.

Esta expresión supuestamente la dijo a los medios de comunicación durante la incineración de la droga que se le ocupó a los cuatro colombianos y al guatemalteco, en la Escuela de Sargentos Andrés Castro del Ejército de Nicaragua.

La juez decidió continuar con el juicio porque ninguno de los defensores presentaron pruebas de las expresiones que ella habría declarado.

El representante del Ministerio Público, Alejandro López Dávila y la procuradora penal Ada Luz Valerio Barrera presentaron abundantes pruebas sobre los hechos, con las que demostraron la participación de cada uno de los implicados en el transporte ilegal de estupefacientes.

También presentaron varios testigos de oficiales de la Policía Nacional, que relataron la forma en que los narcotraficantes fueron encontrados y capturados en alta mar cuando se movilizaban a gran velocidad en una lancha de más de 40 pies de largo y con cuatro motores de 200 caballos de fuerza cada uno.

En el interior de la embarcación llevaban un mil 858 paquetes de polvo blanco, que en la prueba de campo resultó ser cocaína.

Entre los testigos estuvo el inspector de la Policía Nacional, Juan José Castillo Sandoval, quien relató que cuando los ocupantes de la lancha fueron reducidos, éstos aseguraron “que habían salido de Colombia. Que llevaban droga y que por ese traslado iban ganando”.

Los defensores trataron de contrarrestar con diversos alegatos los argumentos y pruebas presentadas por el fiscal López Dávila y la procuradora Valerio Barrera, pero la juez consideró que con los testimonios de los testigos y resto de pruebas se demostraba la culpabilidad de los implicados.

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