La corrupción de los funcionarios —como cualquier otro vicio humano— es un mal universal, pero en unos países es peor que en otros. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Dos cosas: la actitud de las autoridades respectivas y la independencia del Poder Judicial o de la instancia responsable de castigarla.
Siguiendo una definición generalmente aceptada, “corrupto es todo comportamiento que, de convertirse en conocimiento público, conduciría a un escándalo” (Gibbons). Steven R. Reed, profesor de Gobierno Contemporáneo en la Facultad de Estudios Políticos de la Universidad de Chuo, en Tokio dice que “esta definición toma en cuenta las actitudes e implica que un acto pudiera ser corrupto en algunas ocasiones y lugares pero no en otros”. Sin embargo, hay un consenso general en cuanto a lo que constituye corrupción.
El escándalo de Paul Wolfowitz al frente del Banco Mundial es un ejemplo de corrupción que empañó la imagen de esta institución. Otros escándalos de corrupción relativamente recientes son el de Alberto Fujimori en Perú; el de Arnoldo Alemán en Nicaragua y —todavía más actual— la denuncia por supuesta extorsión contra el señor Gerardo Miranda, ex alcalde y ex diputado sandinista y ahora nombrado pero aún no aceptado, cónsul de Nicaragua en Liberia, Costa Rica.
Cuando surge una denuncia de corrupción, la opinión pública permanece atenta a la reacción de las autoridades respectivas. En el caso del Banco Mundial, los ojos del mundo estuvieron sobre esta institución hasta que Wolfowitz fue empujado a renunciar y se salvó el prestigio de la institución. Lo mismo ocurrió con Alberto Fujimori y Arnoldo Alemán. El primero huyó de la justicia de su país pero aguarda en Chile la resolución de un juicio de extradición interpuesto por Perú que, de proceder, lo podría mandar a la cárcel el resto de su vida. El segundo (Alemán) fue condenado a veinte años de prisión y aunque goza de país por cárcel, mientras espera el resultado de su apelación, está confinado a permanecer en Nicaragua porque en Panamá pende contra él un juicio por lavado de dinero.
¿Cuál fue la actitud del gobierno de Daniel Ortega ante la denuncia contra Gerardo Miranda? Aquí la corrupción es tan grave que se considera que está institucionalizada. Gran parte del problema reside en la politización del sistema judicial, que en realidad es utilizado por los dos caudillos, Daniel Ortega y Arnoldo Alemán, para servir a sus intereses políticos y personales. Los jueces y magistrados son percibidos como extensiones de las respectivas bancadas de los partidos mayoritarios. En consecuencia, los escándalos de corrupción pueden o no diluirse dependiendo de cuál es el interés en juego.
Desde luego que esta situación es negativa para el país, porque desanima a los inversionistas, los cuales se sienten indefensos ante la enorme inseguridad jurídica que prevalece en el país. Por otro lado, cabe señalar que la actitud del presidente Daniel Ortega ante la denuncia de corrupción, no fue adecuada. Durante su campaña electoral, Ortega levantó la bandera de guerra frontal contra la corrupción. Sin embargo, cuando se produjo la denuncia pública contra el señor Miranda, la reacción de su Gobierno fue decepcionante para todo el mundo. El Presidente no salió al frente, no dio la cara, hasta que fue prácticamente forzado a pronunciarse sobre el asunto poco antes de abordar el avión que lo llevó en su reciente gira, y entonces dijo a los periodistas que era más importante hablar de leche y de energía.
En vez de aprovechar la coyuntura para llamar a una conferencia de prensa y dejar claramente sentada la posición del Gobierno ante la corrupción —sin necesariamente pronunciarse sobre el fondo de la acusación— el presidente Ortega utilizó los medios de comunicación oficialistas para atacar estérilmente la reputación del periodista que dio a conocer el caso. Esta fue una respuesta de lo más triste y lamentable y el dramático deterioro de su imagen y de su Gobierno ya se vio reflejado en la última encuesta de CID-Gallup.
Más allá de que Miranda sea culpable o inocente, Ortega ha demostrado que en su agenda gubernamental no es prioritaria la lucha contra la corrupción, el mayor lastre que arrastra nuestra sociedad y que frena su desarrollo.
