Norma Moreno, Procuradora Especial para la Defensa de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, presentó un informe ante la Comisión de la Mujer, Niñez, Juventud y Familia, sobre los casos de adopciones anómalas descubiertos, y realizó algunas recomendaciones, como priorizar las adopciones a nacionales y crear un centro de protección estatal.
“Ya formamos parte del Consejo Nacional de Adopciones, y en ese consejo la posición de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, de manera permanente será priorizar las adopciones nacionales”, indicó Moreno.
Señaló que de los casos de adopciones anómalas investigados, 16 fueron otorgadas a internacionales y ocho a nacionales.
“Desde el 2006 que supimos del caso, la Dirección de Defensa envió una solicitud de información a la (ex) ministra de la Familia, licenciada Ligia Terán, exponiéndole las denuncias y solicitándole una investigación sobre las mismas”, relató Moreno.
“Pasaron cinco meses y no obtuvimos ninguna respuesta. Cuando asumió la nueva ministra, Glenda Ramírez, mandamos la misma solicitud y fue quien inició el proceso de investigación, retomándolo la doctora Rosa Adilia Vizcaya, la actual ministra”, añadió.
Señaló que entre los resultados de la investigación figuran un total de 33 niños adoptados de manera irregular, quienes se distribuyeron en tres países: Canadá, Estados Unidos y España.
“Una de las recomendaciones es que se coordine con las instituciones homólogas con el Ministerio de la Familia en los países receptores de niños nicaragüenses dados en adopción, para realizar investigaciones sobre el estado en que se encuentran los niños y adolescentes y si realmente viven con las familias adoptantes”, indicó Moreno, quien comentó que otra petición que hicieron a la comisión fue la creación de centros de protección que pertenezcan al Estado.
“La otra petición concreta es que se asigne un mayor presupuesto al Ministerio de la Familia, para construir un centro de protección especial estatal. Deben supervisar la función de los centros de protección, pero debe existir un centro de protección estatal”, consideró Moreno.