El empresario Armel González denunció al Gobierno y a sus instituciones, porque supuestamente lo han empezado a acosar desde que hizo la denuncia pública de extorsión de la cual fue víctima por parte de Gerardo Miranda, cónsul no confirmado de Nicaragua en Liberia, y el ex miembro de la Seguridad del Estado y colaborador de Lenín Cerna, Vicente Chávez.
González interpuso la denuncia durante una reunión que sostuvo con los miembros de la Comisión Especial de la Asamblea Nacional que investiga los hechos que han surgido como consecuencia del litigio de tierras que existe en el municipio de Tola, entre campesinos e inversionistas que desarrollan el proyecto turístico Arena Bay.
A los miembros de la comisión, González les entregó como prueba de la extorsión, un papel con el nombre de Vicente Chávez y unos números telefónicos que supuestamente éste le dejó en un encuentro.
En su intervención, el empresario explicó a los diputados la forma en que las propiedades fueron compradas a la Cooperativa Agrícola Pedro Joaquín Chamorro y la forma en que surgieron los problemas con los campesinos que empezaron a reclamar las tierras sin tener, según él, ningún asidero legal.
González también reitero que fue presionado constantemente por Miranda.
Miranda lo obligaba de esa forma a negociar las tierras en conflicto, y a la vez relató el momento en que supuestamente le exigió cuatro millones de dólares.
Ese dinero sería en pago por arreglar el conflicto de Arenas Bay, según González.
Dijo que como efecto de la denuncia que realizó en el programa Esta Semana, que dirige el periodista Carlos Fernando Chamorro, varias instituciones del Estado han empezado a actuar de manera negativa en su contra.
Como ejemplo señaló que durante la inspección en la propiedad en conflicto, que realizaron el Ministerio Público, el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (Marena), la Procuraduría General de la República (PGR) y la Policía Nacional, entre otras instituciones, le dieron un tratamiento parcializado.
“Como si los inversionistas fuésemos los investigados y no las víctimas de la extorsión”, indicó.
González dijo que su familia se encuentra preocupada por algunas acciones que se están impulsando desde el Ministerio del Trabajo (Mitrab), con la intención de anular el mandato de una cooperativa agrícola, a la que hace más de tres años le compraron unos lotes de terreno.
“Por lo que considero estamos siendo atacados por el Gobierno, donde no tenemos ninguna seguridad jurídica ni una forma de defender nuestros derechos”, expresó.
Después de brindar su explicación, el empresario respondió una serie de preguntas que le formularon los diputados sobre algunos puntos relacionado con el conflicto de propiedad.
Señaló que la Cooperativa Agrícola Pedro Joaquín Chamorro fue creada en 1994, y que en diciembre del 2000 la Sociedad González Bolaños le compró tres lotes, que en su totalidad suman más de 160 manzanas de extensión.
Señaló que posteriormente los cooperados se repartieron las tierras en pequeñas parcelas y dejaron un remanente en una zona costera.
La cooperativa fue disuelta el 22 de octubre del 2001 y cuatro años después aparecieron Emerson Sacarías Martínez Canales, esposo de la alcaldesa de Tola, Loida García Obando; e Indalecio Ulloa Lanzas, con un grupo de personas de la zona, reclamando las tierras costeras, las que actualmente se encuentran en conflicto.
Un grupo de campesinos que se encuentran en posesión de la propiedad en conflicto también fue recibido por la comisión investigadora de la Asamblea Nacional.
Éstos manifestaron que la asamblea de la cooperativa autorizó a Omar Bello Centeno, presidente de la Cooperativa Pedro Joaquín Chamorro, a vender únicamente 40 manzanas que se encuentran al norte de donde se encuentra el conflicto, y que estos terrenos no colindan con el mar.
Dijeron que esos terrenos se los vendieron al empresario Armel González y por esa compra le extendieron una escritura, pero también sostienen nunca haber vendido los terrenos costeros que actualmente se encuentran en conflicto.
Aseguran que supuestamente González, valiéndose de esas escrituras, así como de documentos de otros lotes comprados supuestamente a varios socios de la cooperativa, amplió la propiedad hasta llegar al mar.
También manifestaron que la cooperativa fue liquidada sin que se cumpliesen todos los requisitos y en un tiempo récord con la complicidad de los miembros de la Sociedad González Bolaños, con la clara intención de despojarlos del bien inmueble que lograron durante el Gobierno de Violeta Barrios de Chamorro.
Por su parte, González ofreció información durante una hora a la comisión investigadora, a fin de proporcionar la mayor cantidad de elementos de juicio que le permita definir la situación con meridiana claridad.
Al retirarse de la comisión, González entregó el papel con la letra de Vicente Chávez.
Supuestamente ese elemento de prueba se lo entregó Chávez en un encuentro que sostuvieron para hablar del problema de las tierras.
González deberá comparecer el lunes próximo ante el Ministerio Público, para rendir declaración sobre la supuesta extorsión.
La fiscal adjunta Ana Julia Guido se reunió ayer con los diputados de la Comisión de Probidad y Transparencia, a quienes explicó el trabajo que el Ministerio Público realiza sobre este caso.
