SAN JOSÉ.— A nadie tiene por qué importarle en Nicaragua y en Costa Rica si sus presidentes se caen bien o se caen mal, si guardan viejas rencillas y rencores o si uno le sacó la lengua al otro. ¿Qué diablos nos interesa? Ambos gobiernos tienen una inmensa responsabilidad para enfrentar numerosos problemas comunes y establecer una buena relación.
Aparte de otros asuntos importantes, como la disputa legal en La Haya, el tema clave de la relación bilateral es el de la migración. Tiene dimensiones humanas, económicas y políticas que no han sido debidamente estudiadas.
De acuerdo a los más recientes estimados, hay entre 300 mil y 400 mil nicaragüenses en este momento en Costa Rica. Es una masa cambiante, según los ciclos agrícolas o económicos del vecino país, pero la mayor parte son personas que están allá para quedarse porque simplemente en Nicaragua no hallan oportunidades.
El Estado nicaragüense está obligado a ocuparse de esos ciudadanos. No solamente se trata de colaborar con las autoridades migratorias y laborales ticas para regular la contratación de algunos miles. Está obligado además a proteger sus derechos en el extranjero, a darles una asistencia legal y a garantizarles la posesión de un documento de identidad. En 2006, esa masa de gente mandó 198 millones de dólares en remesas a casa, según el Ministerio de Economía tico. Es decir, el equivalente a casi un 20 por ciento de las exportaciones nacionales del mismo período. Por donde se le vea, el Gobierno no tiene ninguna justificación para la indolencia.
Junto a una veintena de periodistas nicas que fuimos invitados a una intensa jornada el fin de semana pasado por la Fundación Arias y la Fundación Violeta Barrios de Chamorro —con el apoyo de la Embajada británica— , tuve la oportunidad de actualizar mis nociones de varios tópicos bilaterales y sobre todo, sobre la inmigración.
De primera mano pudimos conocer mucho de la propuesta de ley que reformará la vigente Ley de Migración entrada en vigor en agosto pasado. Contiene aspectos interesantes.
Está dirigida no solamente a regular a los trabajadores agrícolas y de construcción —un porcentaje importante de la mano de obra nica en Costa Rica—, sino también la entrada de profesionales bien calificados y necesarios allá. Propone abaratar los costos de los trámites y mejorar el proceso de decisión de otorgamiento de visas.
La legislación actual es polémica y hasta el mismo presidente Oscar Arias la considera “draconiana”. De hecho, prácticamente no se la aplica en su totalidad, asegura el director de Migración y Extranjería costarricense, Mario Zamora, quien admite por su parte que “en el modelo actual prima el control más que la integración”. Las redadas y deportaciones masivas están paradas desde el año pasado.
“Vamos a instaurar un nuevo modelo migratorio que legaliza el proceso de integración” a la sociedad costarricense, afirmó.
Sin embargo, la reforma recorre el largo camino de la aprobación parlamentaria y nadie puede ofrecer una fecha aproximada de su votación definitiva en el plenario legislativo. Otro gran obstáculo es que hay allá hasta 50 mil compatriotas sin ningún tipo de identificación, reveló Zamora, y eso es un serio obstáculo para su integración.
Esa iniciativa legal es quizás el elemento más importante en una nueva actitud de parte de las autoridades ticas hacia la migración. Hay otras en ciernes.
Una de ellas es el lanzamiento de un observatorio para migrantes de parte de la Comisión Nacional de Administración de Justicia (Conamaj), un cuerpo interinstitucional que promueve la agilización del acceso a la justicia de los ciudadanos o del ejercicio de sus derechos.
Ese observatorio que supuestamente deberá estar activo en julio, se ocupará de divulgar entre poblaciones migrantes los derechos y los recursos legales de que disponen según las leyes costarricenses.
Es probable que las convicciones personales de Arias— un Nobel de la Paz— y sus funcionarios estén detrás de este cambio de actitud, pero también hay factores reales que influyen.
Por primera vez en muchos años, el flujo migratorio hacia Costa Rica disminuye. Ahora, la opción de trabajar en la agricultura salvadoreña y de ganar en dólares ha atraído a miles de nicas y también por primera vez, hay escasez de la oferta de manos en la agricultura tica. En la siembra de melones, cítricos, caña y café los nicas se han vuelto indispensables. En el sector de domésticas, nuestras mujeres predominan.
Enfrentar y dar soluciones al problema migratorio no es solamente la responsabilidad de los ticos. Es tan nuestra como de ellos. Ojalá que el encuentro que sostendrán los presidentes Daniel Ortega y Arias ocurra pronto y en términos amistosos. 400 mil nicas, sus familias y el bien de dos naciones condenadas a ser vecinas de por vida lo demandan.
