Un tranque fue instalado por líderes de 16 comunidades miskitas del municipio de Prinzapolka, en protesta por la medida del Instituto Nacional Forestal (Inafor), de suspender el tráfico de madera en la Costa Caribe norte, mientras se hace una evaluación de los planes de manejo que se han extendido en el Atlántico Norte.
Los líderes miskitos demandan que una comisión de alto nivel del Inafor y el Gobierno Central llegue al empalme de Alamikamba para negociar sus demandas, según dijo Guillermo Fúnez.
Porfirio Walter de Limbaika, dijo que el Gobierno pretende sacar del juego a las comunidades indígenas y que detrás de esta medida hay intereses creados por altos funcionarios del actual Gobierno.
El líder comunal Amador Hernández señaló que exigen al Inafor suspender la moratoria al corte de madera y que en la zona se promueva un proceso de control. “Y si tienen que rodar cabezas de funcionarios corruptos que los corran, el Estado debe facilitar la inversión y no obstaculizar el aprovechamiento forestal”, indicó Hernández.
“Nosotros estamos amparados en la Ley de Autonomía y la Ley 445, la Constitución Política señala que las comunidades indígenas somos los dueños de nuestros recursos naturales y nosotros decidimos a quiénes vamos a vendérselos”, dijo Sixto Moody Donaire, de la comunidad de Clarindan.
Unos 15 vehículos privados entre transporte de carga y de pasajeros, así como de empresas distribuidoras, se encontraban ayer retenidos en la vía, donde cada tres horas los indígenas dejan libre el tráfico vehicular.
El párroco de la Iglesia católica en Rosita, Lucio López, pidió compasión por las personas que permanecían entrampadas en el tranque. “Todos somos hijos de Dios y tenemos que movilizarnos libremente”, dijo el cura a los protestantes.
POLICÍA NO TOLERARÁ
El comisionado William Dávila, jefe policial en Las Minas, dijo a LA PRENSA que no va a tolerar que se afecte la libre circulación vehicular, por lo que hizo un llamado a los líderes indígenas a no afectar a la población.
La principal demanda de las comunidades indígenas con este levantamiento es que el Inafor les permita continuar su labor de aprovechar el recurso forestal, que es la principal fuente de ingreso de unos 15 mil pobladores del sector.
Las comunidades indígenas exigen al Inafor hacer cumplir la ley. “Aquí ellos mismos saben quiénes son los que violentan los planes de manejo, incluso cerraron varios aserríos, entonces que los castiguen a ellos y les apliquen todo el peso de la ley, pero al resto que estamos trabajando bien que nos dejen trabajar, dijo un dueño de plan de manejo que prefirió el anonimato.
Unos cuatro mil metros de madera han quedado tumbados en el municipio de Prinzapolka; unos 2,500 trabajadores de los diferentes aserríos y áreas de aprovechamiento forestal han sido despedidos por las empresas privadas que hay en la zona, según confió otro empresario que también pidió el anonimato.
La empresa comunitaria Liminahwah no pudo comercializar su madera y ha quedado cargado el producto forestal y unos 50 trabajadores han sido suspendidos de sus labores y tienen pendiente tres quincenas que no las pueden pagar porque no pudieron vender el producto, según dijo Abraham Clark, presidente de la empresa indígena.
