Las ex ministras de la Familia, Ligia Terán e Ivania Toruño, acudieron ayer a la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) de la Policía Nacional para declarar en calidad de testigos en el caso de los niños dados en adopción en situación anómala en el período comprendido entre el 2005 a 2006.

“No puedo opinar nada, yo vengo primero a ver la reunión”, dijo la ex titular de la Familia, Ligia Terán, al ser consultada por los periodistas antes de ingresar a la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), a donde fue citada la mañana de ayer en calidad de testigo.

Al preguntarle a Terán sobre el ex director de Protección Especial, Pedro Siero, hasta el momento único denunciado por la Procuraduría General de la República (PGR) en el caso, Terán se limitó a decir que la ministra que le precedió, lo llevó a la institución.

Antes de Terán, la titular de la Familia fue Ivania Toruño, quien también acudió ayer a esas instalaciones para declarar en la misma investigación que realiza la Policía.

“Toda mi actuación fue conforme a la ley”, dijo por su parte la ex ministra Toruño, quien refirió que acudió a esas instalaciones “a colaborar... en calidad ¿de qué? todavía no sé, porque fue vía telefónica que me llamaron pidiéndome la colaboración”.

Al ser consultada sobre las irregularidades en 24 casos de adopción analizados en una auditoría interna efectuada en diferentes Centros de Protección Especial, Toruño se limitó a decir que ofrecerá una conferencia de prensa en otro momento, para abordar el tema.

“Lo único que en este momento les puedo decir es que las orientaciones bajadas por esta servidora siempre fueron conforme ley, nada fuera de ley, todo bajo la ley, así es que si hay irregularidades ya lo determinarán las autoridades correspondientes que están haciendo las investigaciones”, manifestó Toruño.

La ex funcionaria lamentó que ella no cuenta con una copia de la auditoría interna, porque las actuales autoridades le han negado ese derecho.

“Todo mundo lo tiene, menos yo”, lamentó Toruño.

Consultada sobre señalamientos que hizo en algún momento Pedro Siero que le atribuyó haber realizado gestiones de adopción de niños para favorecer a funcionarios de la administración pasada, ésta insistió en lo mismo: “Como les digo, nuevamente repito, toda mi actuación fue conforme a la ley”.

Los niños dados en adopción bajo procedimiento anómalo, procedían de los Centros de Protección Divino Niño, Esperanza Para los Niños y Tierra de Judá, ubicados en diferentes partes del país. La mayoría de los menores fueron entregados a estadounidenses y canadienses.

La Procuraduría denunció a Siero por presunta sustracción de menores y exposición de personas al peligro, por las anomalías debidamente documentadas en 16 de los 24 casos analizados.