Enrique Bolaños Geyer, ex presidente de la República y Fausto Carcabelos, ex director general de Migración serán acusados esta semana por el Ministerio Público, por el delito de tráfico de indocumentados.
Fuentes vinculadas a la investigación señalan que la Fiscalía encontró “pruebas contundentes” en contra de Fausto Carcabelos para acusarlo como autor del tráfico de indocumentados y en contra de Enrique Bolaños como encubridor y cooperador necesario.
LA PRENSA trató de conocer la versión del ex mandatario, primero telefónicamente, pero Bolaños pidió que se le enviara una comunicación a su vivienda. El equipo fue a El Raizón, pero en su residencia informaron que éste se encontraba fuera.
Uno de los miembros a cargo de la seguridad personal de la residencia de Bolaños informó que se comunicó con éste, pero mandó a decir que se encontraba en Nandaime en una fiesta de cumpleaños y que no sabía a qué hora llegaría a su casa.
Las fuentes explicaron que las declaraciones del ex titular de Gobernación, Francisco Fiallos, fueron fundamentales para aclarar el papel jugado por Bolaños.
El ex mandatario impidió que el entonces Ministro de Gobernación destituyera a Carcabelos del cargo en Migración, al conocer su supuesta participación en el tráfico de indocumentados, convirtiéndose así en encubridor.
Al orientar a Fiallos que reenganchara a Carcabelos en sus funciones, Bolaños habría caído en la figura de cooperador necesario. Las fuentes señalan que la decisión de Bolaños tenía como supuesto objetivo que el director de Migración borrara las evidencias que lo implicaban.
“(Francisco) Fiallos recomendó al presidente Bolaños que destituyera a Carcabelos de su cargo, pero éste lo protegía y orientó contra la ley que lo reengancharan, convirtiéndose en cooperador necesario”, explicaron las fuentes.
AFINAN ACUSACIÓN
El documento de la acusación está siendo “afinado” según las fuentes de LA PRENSA y podría ser presentado en los primeros días de esta semana, “en dependencia del ambiente político público”, dado que el partido de gobierno, el Frente Sandinista, tiene varios flancos de conflictos abiertos.
La investigación en el caso de supuesta extorsión por tierras en Tola, Rivas, los cuestionamientos que ha experimentado el fiscal a cargo de la misma, Armando Juárez López, la destrucción de la fuente musical y las pugnas internas en torno a las críticas hechas por el alcalde capitalino, Dionisio Marenco, son entre otros los escándalos que arrastran a miembros del Frente Sandinista.
DESAFORACIÓN VIABLE
La desaforación de Bolaños podría no ser un inconveniente en el proceso, puesto que existiría consenso entre las bancadas mayoritarias del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), en quitarle la inmunidad al igual que lo hicieron con el ex presidente Arnoldo Alemán Lacayo.
El resto de personas que fueron mencionadas en el proceso investigativo serían incluidas dentro del proceso judicial como testigos.
Las fuentes señalan que al Fiscal General de la República, Julio Centeno, “le han exigido que sea duro” en este caso y sostienen que la presión viene directamente del Presidente de la República, Daniel Ortega.
En este mismo sentido, señalan que la Fiscalía estaría iniciando acciones penales en contra del ex titular del Ministerio de Hacienda y hoy diputado ALN, Eduardo Montealegre, en el caso de los Certificados Negociables de Inversión (Ceni).
ACUSACIÓN VA
Sobre la posible acusación en el caso de Migración, el fiscal general, Julio Centeno comentó el sábado anterior que: “Creo que hay mérito para hacer alguna acción acusatoria, esperemos a ver cuándo se dé la presentación contra quiénes va, verdad” y señaló “está a pocas horas, a menos de 72 horas”.
Sin embargo, Centeno evitó hablar en detalle de lo encontrado en las investigaciones sobre las supuestas anomalías registradas en la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) y se limitó a decir que las conclusiones serán “muy trascendentales”.
Indicó que “el trabajo que se ha hecho no ha sido un trabajo inútil y ahí el Ministerio Público ha invertido mucho tiempo”.
La Ministra de Gobernación, Ana Isabel Morales, refirió que el viernes pasado remitió a la Fiscalía toda la información de lo investigado a lo interno de la institución durante la corta gestión de Francisco Fiallos, como titular de esa cartera.
Morales dijo que resultado de la auditoría y la investigación de Inspectoría Civil sobre el caso Carcabelos ha sido documentada y autenticada y está en poder de la Fiscalía.
RESOLUCIÓN DE FIALLOS
El 3 de enero del presente año, poco antes de entregar el cargo, Fiallos emitió una resolución a través de la cual impuso sanción administrativa en contra de Fausto Carcabelos Molina. De esta manera, Carcabelos debería pagar cuatro meses del salario que devengaba por incurrir en cinco numerales del artículo 171 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, del sistema de control gubernamental.
Según el artículo 171 de la ley, sobre “sanción por incorrección”, refiere que “sin perjuicio de las responsabilidades civil y penal a que hubiere lugar, serán condenados a multa no menor de un monto equivalente a un mes de salario, ni mayor de un monto equivalente a seis veces su salario mensual y podrán ser además destituidos de sus cargos los funcionarios o empleados del sector público que se encuentren en uno o más de los siguientes casos”.
Los numerales que se le señalan a Carcabelos en la resolución fueron el 1, que establece: “Ejercer presión o abuso en el ejercicio de su cargo; el 5 en lo que respecta a incumplir las disposiciones reglamentarias, los manuales y las normas específicas de las entidades u organismos, o aquellas de carácter generalmente obligatorio, expedidos por el Contralor General o por el Ministro de Finanzas”.
Así como el numeral 10, que establece “no investigar oportuna y eficazmente las faltas de sus subalternos o dejar de imponerles las respectivas sanciones”.
Además de los numerales 38 y 43. El primero establece: “No tener la documentación adecuada y completa que apoye las transacciones registradas” y el segundo “no establecer y mantener el control interno, de acuerdo con las disposiciones de esta ley”.
En esa resolución Fiallos especifica que a raíz de informaciones sobre el ingreso y salida de extranjeros del país “supuestamente en forma ilegal”, ordenó varias investigaciones.
Tanto la Auditoría como la Inspectoría entregaron sus informes el 4 de diciembre del 2006 y posterior a ello, Fiallos recomendó al entonces presidente Bolaños suspender a Carcabelos, pero contrario a lo que se esperaba, el mandatario le ordenó reintegrarlo en sus funciones.
La Auditoría Interna de ese ministerio determinó que Carcabelos ha incumplido con las normas técnicas de control interno. Señala que el funcionario autorizó que recibieran a seis ciudadanos chinos provenientes de la República de Honduras, aún cuando no existían evidencias de que hayan ingresado a territorio nicaragüense y autorizó su salida sin ningún documento en el que se comprobara su tránsito por el país.
