El Estado, para satisfacer los intereses de la sociedad necesita adquirir bienes, servicios y realizar obras. Esto lo hace contratando con particulares a cambio de un pago, a través de contratos administrativos. En el caso de Nicaragua, la Ley de Contrataciones Administrativas (Ley 323, enero 2000) sus reformas y reglamento establece las normas generales y los procedimientos que regulan las adquisiciones, que requieren los organismos del sector público.
La Ley 323, establece los procedimientos para escoger al oferente idóneo basado en principios rectores —transparencia, publicidad, igualdad, libre competencia y eficiencia—. El cumplimiento de los principios, trata de asegurar que el Estado contrate en las mejores condiciones, garantizando eficiencia en la utilización de los recursos públicos.
De esta ley cobra importancia las materias excluidas del procedimiento en especial el inciso a) que se refiere a: las adquisiciones del Ministerio de Defensa para el Ejército Nacional (EN) que se realicen con fines exclusivamente militares, necesarias para salvaguardar la integridad, independencia, seguridad y defensa nacional, así como las adquisiciones de la Policía Nacional (PN) a través del Ministerio de Gobernación que se realicen con fines exclusivamente policíacos necesarios para mantener el orden y la seguridad pública.
La exclusión no aplica a todos los bienes, servicios y obras que adquieren ambas instituciones, por lo que tienen que aplicar el procedimiento establecido. En lo concerniente a la institución policial, esta posee su propio manual de contrataciones directas para los casos de exclusión y en los demás casos los realiza por medio de la ley, además de cumplir con la obligación de publicar su Plan Anual de Adquisiciones. En cambio el Ejército de Nicaragua mantiene en confidencialidad sus procesos de adquisiciones y no publica su Plan Anual de Contrataciones.
La Dirección de Contrataciones del Estado (DGCE) como órgano normativo y consultivo de las contrataciones del sector público ha propuesto al Ejército y a la Policía una normativa especial para los casos de exclusión, pero hasta la fecha se encuentra a la espera de comentarios de ambas instituciones. Asimismo, esta instancia elaboró un anteproyecto de Ley de Contrataciones que propone eliminar las materias excluidas que se realizarán a través de contratación directa.
La recién aprobada Ley de Acceso a la Información, contradictoriamente, limita el acceso a cierta información que maneja tanto la Policía Nacional como el Ejército de Nicaragua, señalando en su art. 15 inc. a: “cuando la información pueda poner en riesgo la seguridad nacional y/o la defensa de la soberanía, esta se considerará como información pública reservada”. En este sentido, hay que poner atención a la discrecionalidad que se les confiere a funcionarios militares y policiales para determinar qué información correspondería a esta categoría, ya que no hay que confundir adquisición y/o compras de armamento, con compras de avituallamiento que no constituyen riesgo a la seguridad de país, por tanto debe estar accesible a la ciudadanía toda la información relacionada a este tipo de contrataciones.
A nivel internacional hay una oleada de avances en las contrataciones del sector defensa y seguridad, ejemplo de esto se da en países como Perú, Colombia, Chile y México donde normar los procedimientos de contrataciones administrativas se ha convertido en una prioridad de Estado. Asimismo, organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, están trabajando en crear leyes modelos que contribuyan a modernizar los sistemas de compras y generar más transparencia.
Para Nicaragua, debe ser una prioridad normar las adquisiciones del sector defensa y seguridad tomando en cuenta las nuevas tendencias latinoamericanas que apuntan a una clasificación de bienes, para determinar el procedimiento a seguir. Se debe eliminar todo tipo de exclusión y permitir el acceso a la información, dado que estas se realizan con recursos públicos, por lo tanto deben estar sujetas a rendición de cuentas y a la vez permitiría al sector empresarial del país competir en condiciones de igualdad.
