Amenazas, asesinatos, y miedo El asesinato de dos progenitores por no entregar a su hija a un cabecilla local, se suma a los otros 19 que han cometido estos ex aliados de las Fuerzas Armadas desde 1982 en la comunidad Los Cimientos, a 250 km de la ciudad de Guatemala, según datos de los propios aldeanos. “A mí me amenazaron de muerte sólo porque les pedí que me dijeran donde está enterrado mi papá”, relató, por su parte, Pedro Castro. Su padre fue asesinado en 1989 por oponerse a seguir trabajando bajo las brutales condiciones que les han impuesto los ex paramilitares. A pesar de la represión, los indígenas aseguran que no han recibido apoyo del Estado y exigen que la Fiscalía inicie una investigación contra ese grupo, los desarme, capture y enjuicie por los crímenes que han cometido impunemente. “Nuestro retorno a la aldea está condicionado a que se haga justicia”, sentencia Pedro Us. Los Acuerdos de Paz en Guatemala se firmaron en 1996 después de 36 años de guerra. El conflicto dejó más de 200,000 muertos y desaparecidos y 50,000 desplazados internos, según datos de las Naciones Unidas.

Abuso feudal Los ex paramilitares mantienen el ‘derecho de pernada’, pues cuando desean a una mujer, la toman sin importar la opinión de sus padres. “Está el caso de don Juan Tum y María Pu, quienes fueron asesinados porque se negaron a entregarle a su hija a don Domingo Gómez (líder de los ex paramilitares). Ella se quedó con él y ahora tienen un hijo”, según el dirigente indígena Diego Pu Gómez.

Indígenas guatemaltecos de una comunidad remota del Quiché, epicentro de la guerra interna que vivió este país (1960-1996), aún no viven la paz, luego que decenas de ellos se vieron obligados a dejar sus viviendas ante la represión de ex paramilitares.

Un grupo de 24 indígenas llegó la noche del lunes a la capital de Guatemala, para sumarse a otros 100 que arribaron hace un mes, luego de ser amenazados de muerte por un grupo de 17 ex paramilitares que mantienen el armamento bélico con el que apoyaron al Ejército durante la guerra.

Las condiciones de su residencia temporal en el Centro Histórico de la capital son paupérrimas, pues muchos de ellos abandonaron todas sus pertenencias y animales de corral en Los Cimientos, Quiché, a unos 250 km al norte de la capital, y ahora duermen sobre una esponja que les donó el Estado, observó la AFP.

CAMBIO DE NOMBRE

“Estos ex patrulleros (los paramilitares que los acosan), con la firma de la paz (en 1996) cambiaron de nombre, ahora se llaman ‘líderes comunitarios’, pero mantiene la misma estructura de la guerra”, afirmó a la AFP el dirigente Pedro Us.

Relató que la represión se inició en 1982 cuando el Ejército organizó las paramilitares Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) y dio responsabilidades a esas 17 personas, quienes nunca se desarmaron y mantienen a la población bajo amenazas de muerte.

Us afirmó que los ex colaboradores del Ejército los obligan a realizar rondas nocturnas y los que se oponen son castigados a laborar tres días en las tierras que ostentan los ex patrulleros. Asimismo, si un aldeano pretende salir a otra región a trabajar, tiene que dejar la dirección y pagar unos 25 dólares para poder abandonar por un tiempo la comunidad.