El juez Local Róger Morales O’Connor, declaró no culpable de los supuestos delitos de usurpación al dominio privado, daños a la propiedad privada y hurto en perjuicio de Cristóbal Jiménez, a los líderes del FSLN en Pantasma, Gonzalo Herrera Real, secretario político municipal del partido; Ramón Orontes López Cruz, vicesecretario del partido; Justo Pastor Hernández, jefe del tendido electoral; Tomás Herrera Lanzas, representante de los productores; Salomón Herrera, responsable de finanzas y logística; Carlos Castro González, fiscal municipal, y Sara Emilia Hernández, secretaria de Capacitación.
Según el perjudicado, el fallo se produjo el pasado cinco de junio luego que el juez conversó con el secretario político departamental y ex diputado sandinista Leónidas Centeno. La demanda fue interpuesta por Jiménez luego que los indiciados habrían “ordenado” el 24 de mayo del 2006, a la Policía local, desocupar un local donde funcionaba un taller de su propiedad y destruyeron todo lo que encontraron a su paso.
“Los líderes del FSLN actuaron como si fueran funcionarios del Poder Judicial, pues desmantelaron el taller”, señaló el escrito acusatorio.
El Consejo Municipal del FSLN en el municipio de Pantasma (compuesto por los demandados) remitió un escrito en el que le informaban al teniente Santos Oliver Chavarría Moreno, jefe de la Policía local, que “habían tomado la decisión de sacarle a la calle a Jiménez, 20 ripios, cuatro pilares de madera, 6 láminas de zinc y algunos materiales”.
El lanzamiento fue ejecutado a las 2 de la madrugada, ante la presencia de varios testigos. “Lo que hubo fue la destrucción total de la infraestructura del taller, dejando a la intemperie las herramientas y accesorios de mecánica”, confió una funcionaria de la Fiscalía.
ORDEN CONFIRMADA
El abogado de Jiménez señaló que quedó establecido en el juicio, que los funcionarios acusados firmaron el documento y lo enviaron al jefe de la Policía. La Fiscalía tipificó los hechos como delitos conexos en concurso real de usurpación al dominio privado, daños a la propiedad privada y hurto en perjuicio de Jiménez.
Jiménez, un lisiado de guerra y militante del FSLN, posee título de uso y goce otorgado por la Comunidad Indígena “pues el terreno donde estaba ubicado el taller es territorio indígena”, afirmó el presidente de la comunidad indígena de Jinotega, Andrés Granados.
En los considerandos de la sentencia, el juez Morales argumentó que los hechos se dieron dentro de un pleito entre la Comunidad Indígena y el FSLN y por tanto no podía establecer quién era la víctima.
La fiscal del caso, Francis Acosta, evitó brindar declaraciones, pero según una fuente, prepara la apelación.
