Los argumentos de Nicaragua Nicaragua, que elevó el caso a la CIJ en 2001, basó su denuncia en el artículo 31 del Pacto de Bogotá, de 1948, en el que Bogotá y Managua se comprometieron a reconocer la competencia de la CIJ en la resolución de conflictos relacionados con el Derecho Internacional o la interpretación del Tratado. Colombia negó la validez de este artículo como base legal de la denuncia de Nicaragua, argumentando que el pacto de Bogotá también dice en su artículo 6 que no puede aplicarse en temas que ya han sido solucionados en tratados anteriores.

Los jueces de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) comenzarían ayer sus deliberaciones sobre la disputa entre Colombia y Nicaragua por su frontera en el mar Caribe, aunque todavía se desconoce la fecha de publicación del fallo.

Nicaragua cerró ayer las audiencias públicas sobre objeciones preliminares en el caso, en el que ambos países se juegan la soberanía sobre el archipiélago de San Andrés y Providencia.

Aunque ni el Estatuto ni el Reglamento de la Corte establecen plazos para que ésta dicte su sentencia, es probable que sea emitida en el último trimestre de 2007, precisaron a EFE fuentes diplomáticas.

Nicaragua solicitó a los jueces que declaren “inválidas” las objeciones presentadas por Colombia, que argumenta que el máximo órgano judicial de la ONU no tiene competencia en este caso, según un comunicado de la Corte.

Bogotá niega la existencia del problema, pues considera que la frontera entre los dos países quedó fijada en el tratado Bárcenas Meneses - Esguerra de 1928-30.

Nicaragua, en cambio, incide en la existencia del litigio, como lo demuestra que después de 1930 han tenido lugar negociaciones bilaterales entre los dos países para intentar resolverlo.

En 1977 y 1995 “dos presidentes colombianos diferentes anunciaron negociaciones con Nicaragua” para tratar de acordar la frontera marítima, recordó el embajador nicaragüense Carlos Argüello.