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Centros de Documentación y Ley de Acceso a la Información
Susana Quiroz Pichardo
La autora es profesora Titular de la UNAN-León. Miembro de la American Library Association.

Estos centros deben encargarse de proveer a l os ciudadano cada documento solicitado y facilitar la labor del periodismo investigativo.

En la reglamentación de la Ley de Acceso a la Información es de suma necesidad crear debidamente los Centros de Documentación y de Archivos en cada ministerio del Gobierno Central, municipal y en todos los entes autónomos pertenecientes al Estado nicaragüense. Para disponer el público de información de calidad no basta con aglomerar los legajos de documentos, pues esto dificulta su acceso eficiente, eficaz y oportuno. Para brindar la información debe organizarse conforme las normas establecidas por las disciplinas especializadas, tales como la Archivología, la Bibliotecología y fundamentalmente la Gestión de la Información, que junto a la Documentología y la Museología constituyen instrumentos que permiten asegurar la memoria histórica de la nación nicaragüense en forma técnica y científica.

Estos Centros de Documentación y Archivo deben ser el órgano encargado conforme un procedimiento reglamentado de proveer al ciudadano nicaragüense el documento y de facilitar la labor del periodismo investigativo. Sus funciones serían la recopilación, clasificación, descripción, foliación, almacenamiento, preservación, gestión y control del trámite documental entre otras a enumerar, además de elaborar índices, guías, catálogos e inventarios de los documentos que en su funcionamiento debe de guardar celosamente y disponer con calidad para el usuario.

Para instalar estos centros se deberá contar con las técnicas especializadas que ilustran estas disciplinas y apoyados por las tecnologías de la información y la comunicación que agilizan la tarea y sobre todo, deberán ser dotados del recurso humano calificado, entrenado y en cantidad suficiente para tal fin. Es penoso recordar que la única carrera de Bibliotecología que existía en Nicaragua fue cerrada hace más de diez años, este campo de las profesiones debe ser un buen “mercado” para cualquier universidad pública o privada ya que la considero una necesidad pertinente, tanto por los alcances de la Ley como por la responsabilidad de guardar la memoria de la nación.

En la actual sociedad del conocimiento y de las tecnologías de la información el soporte ha dejado de ser solamente el “documento” impreso, existe un poliformato desarrollado por la “multimedia” y por lo tanto también debe considerarse todo sistema que provea información del quehacer del Estado como objeto de preservación, en lo que propongo sean los Centros de Documentación y Archivo.

Es lamentable saber que en el Archivo Nacional, fundado hace 108 años, no se conserva debidamente la documentación generada por el Estado durante toda nuestra historia republicana, asolado por desastres naturales y por el poco celo en el resguardo de los documentos públicos de los gobiernos, es sorprendente que no tenga asignado presupuesto propio, la colección documental más reciente finaliza hasta 1984 y se trata de la contabilidad del Ferrocarril del Pacífico de Nicaragua.

Una nación sin memoria se expone a repetir sus errores, la mejor manera de ocultar la información que nos da derecho la Ley de Acceso a la Información es recutir en un molote la documentación generada por el Gobierno, hablando en el buen náhuatl que nos ilustra el recién publicado Diccionario del Español en Nicaragua por don Francisco Arellano Oviedo.

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