La nueva Ley General del Registro Público continúa estancada en la Asamblea Nacional, perjudicando las transformaciones que se realizan desde hace años en el Registro Público de la Propiedad Inmueble y Mercantil.

El atraso es porque los diputados no logran el consenso sobre algunos aspectos de esta legislatura, perjudicado en alguna manera el uso exclusivo de un sistema de digitalización en el Registro Público, para anotar los movimientos que se dan en el tráfico de propiedades.

“Necesitamos la ley para suspender la actividad en los libros. Para que toda inscripción se realice de manera electrónica y no de forma manual, como se efectúa en la actualidad”, indicó la doctora Miriam Jarquín de Medina, directora del Proyecto de Modernización del Registro.

Señaló que en el 2003 había casi 9 mil libros en inventario para digitalizar, y todos fueron incorporados a ese sistema, con la idea de que una vez concluido ese proceso ya estuviera aprobada la nueva ley.

Agregó que mediante el sistema de digitalización se podrá ver en una computadora toda la información que ha sido filmada de los libros de registro, y que para la implementación de ese sistema no se necesita la ley.

Según la doctora Jarquín, a través del proyecto de digitalización se logró filmar la cantidad de información que estaba prevista, y que se requería de un nuevo desembolso para continuar con el proceso de modernización del Registro de la Propiedad.

“Pero aunque hubiésemos filmado todo y avanzado en los otros proyectos de modernización, se tendría que seguir usando libros por falta de una nueva ley”, indicó.

REGISTRO FUNCIONA CON LEY DE HACE 104 AÑOS

La doctora Jarquín advirtió que actualmente la institución funciona con una ley de hace 104 años y que por esa razón no pueden impulsar la modernización del Registro de la Propiedad.

Además, precisó que si la Asamblea Nacional no aprueba en su totalidad la Ley General del Registro Público antes de octubre de este año, el Registro Público de Nicaragua podría perder la oportunidad de dotar al país de un sistema registral que brinde seguridad jurídica absoluta.

Explicó que la nueva ley tiene 180 artículos, le da autonomía al sistema nacional de registro y establece cómo debe empezar y terminar el proceso registral.

También ordena la asignación de un presupuesto sólo para la institución, es decir, que lo que recaude el Registro de la Propiedad no formaría parte del cuatro por ciento que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público le entrega anualmente a la Corte Suprema de Justicia, como ocurre actualmente.