Pedro Solórzano Castillo, ex titular del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI), aseguró ayer en el Ministerio Público no tener responsabilidad en los problemas que surgieron en la construcción de la carretera Chinandega-Guasaule, y que impidieron que el proyecto fuese concluido.

El Ministerio Público investiga el caso en lo que se refiere a la inversión que realizó el Estado en la ejecución de ese proyecto y al pago que efectuó para los trabajos de supervisión de esta obra.

El ex funcionario expresó que para la licitación del proyecto se realizaron todas las consultas necesarias, a fin de que ese proceso fuese lo más transparente posible.

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) desembolsó para este proyecto 19 millones de dólares.

Solórzano indicó que la carretera no fue concluida porque los diputados de la Asamblea no aprobaron en el tiempo indicado el segundo desembolso que se necesitaba para la obra.

Los diputados se tardaron mucho en la aprobación porque no querían que la empresa mexicana Tradeco Infraestructura S.A. continuara el proyecto debido a los señalamientos que aparecieron en los medios de comunicación.

“Esa decisión hizo mucho daño a los ciudadanos que transitan por esa carretera, porque no se logró concluir”, expresó al salir de la entrevista que le realizaron los fiscales del Ministerio Público que investigan este caso.

El fiscal Elton Ortega indicó que las preguntas realizadas al ex funcionario estuvieron dirigidas a tratar de aclarar las interrogantes que existen sobre el proceso de adjudicación del proyecto.

“Asimismo ver cómo se manejó el precio base y las diferentes ofertas de las empresas que comparecieron a la licitación que se hizo”, dijo.

Señaló que en sus respuestas, Solórzano Castillo les explicó que inicialmente hubo un precio base, pero que el costo aumentó por una serie de situaciones que no estaban previstas.