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Entorno político frena solución a problemas entre Gobierno y Fenosa
Wilder Pérez R.
nacionales@laprensa.com.ni

El entorno político de Nicaragua mantiene congelada la posibilidad de resolver los problemas entre el Gobierno y Unión Fenosa, informó Honorato López Isla, vicepresidente y consejero de la transnacional española.

Según la agencia de prensa internacional EFE, López Isla dijo que Unión Fenosa mantiene una actitud de “cooperación y diálogo”, pero que el tema “ha estado y está muy condicionado por el entorno político”.

En varias ocasiones el presidente Daniel Ortega Saavedra ha culpado a la distribuidora de energía por los apagones de hasta ocho horas que sufre Nicaragua desde el año pasado.

Ortega se basa en que el contrato de Unión Fenosa establece que esta empresa invertirá lo que sea necesario para evitar la falta de fluido eléctrico en el país, y la acusa de no esforzarse lo suficiente, de modo que estaría violando lo establecido con el Estado.

Sin embargo, el presidente de la empresa, Pedro López Jiménez, mantuvo que el problema con los apagones en Nicaragua no es la distribución, sino la falta de generación, pero que la culpa recae “sobre nuestras empresas (Distribuidora del Norte, Disnorte, y Distribuidora del Sur, Dissur) porque aparecen a los ojos del cliente como las causantes (del racionamiento)”, alegó.

El presidente de Unión Fenosa insistió en que la empresa mantiene una “postura constructiva” frente a la solución de la crisis energética que atraviesa Nicaragua, pero que no hay avances porque “para conseguirlo es necesario que la otra parte también esté dispuesta”, informó EFE.

Ortega mantiene una posición crítica hacia la transnacional desde el año pasado, cuando andaba en campaña para ser electo Presidente en las elecciones de noviembre de 2007.

En su última conferencia de prensa en la que habló sobre la crisis, Ortega mencionó que la verdadera preocupación de Unión Fenosa es cobrar el seguro de 50 millones de dólares suscrito con la Agencia de Garantía Multilateral de Inversiones (MIGA), del Banco Mundial, pero López Isla dijo que sólo han tomado las decisiones necesarias para defender sus derechos.

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