Este miércoles 6 de junio tuvo lugar en Rostock (Alemania) la reunión del grupo de los 8 países industriales más grandes del mundo para deliberar sobre los problemas emergentes de la globalización.
Frente al fenómeno de la globalización caben tres posturas diferentes:
La primera acepta sin reparos el proceso de universalización del intercambio de bienes. La segunda posición la rechaza terminantemente. Entre estos, los más radicales impugnadores son los marxistas y anarquistas que, por principio rechazan el capitalismo privado y la libertad de empresa.
La tercera posición adopta frente al problema una postura prudentemente crítica que puede explicitarse en los siguientes puntos: 1) La economía, como todo el entramado social y político, es un instrumento al servicio de la única realidad substancial que es el ser humano. En la elección del sistema económico se trata por consiguiente de averiguar cuál es la organización económica que mejor pueda servir al fin de la satisfacción de las necesidades materiales de los hombres y de los pueblos. 2) La experiencia de generaciones ha comprobado que la organización económica que más adecuadamente satisface aquel fin es la que se asienta en la libertad de la iniciativa personal y en la propiedad privada con función social. La economía planificada por el Estado, en cambio, ha conducido siempre a la paralización de las fuerzas productivas, a un empobrecimiento general y a la formación de castas privilegiadas y corruptas. 3) La producción, distribución y consumo de los bienes materiales obedece a criterios técnicos que deben ser observados. Pero como la economía sirve al hombre, centro y fin último de la actividad económica, por encima de las exigencias económicas están los mandatos que proceden del bien común humano, un bien superior a las reglas económicas y a los cuales deben subordinarse. Así, la economía nacional o universal debe encuadrarse en un orden jurídico y moral que impida los abusos que provienen del egoísmo humano y que oriente el desarrollo económico hacia un orden justo, que garantice el “desarrollo solidario de la humanidad” (Populorum progressio, 43). 4) La regulación externa de la actividad económica no se propone sofocar la expansión de la iniciativa privada y el dinamismo global de bienes y capitales, sino asegurar que dicho movimiento se encauce hacia el bien de todos los seres humanos. La necesidad de una regulación por parte de la comunidad de naciones se hace patente cuando se contemplan los aspectos negativos que la economía global ha traído consigo.
En conclusión. La posibilidad de multiplicar la producción de los bienes materiales y de hacerlos accesibles a todos los pueblos de la tierra es sin duda algo positivo. Oponerse a este proceso de universalización de las relaciones económicas es esfuerzo inútil y perjudicial. Desgraciadamente el pujante desarrollo de la vida económica a nivel mundial pone muchas veces en peligro la seguridad material de extensas regiones, imponiendo relaciones de intercambio de efectos desoladores. Por eso es indispensable corregir esta insana evolución creando un orden jurídico internacional que controle desde fuera —evitando toda funesta planificación totalitaria de la vida económica— la actividad financiera y comercial y la encuadre en un orden armónico, justo y solidario, al servicio de todos los pueblos de la tierra. Más aún. Se requiere todavía el desarrollo de una conciencia de responsabilidad moral entre los pueblos del mundo, que les permita comprender que existe eso que los Papas han calificado como una opción preferente hacia los países pobres, o sea, la obligación moral de los países ricos de ayudar a los pueblos más débiles.
Hay que anotar todavía que las barreras que impiden un progreso más rápido no proceden sólo de los países de mayor bienestar. La realización de los planes de desarrollo requiere que también los países a los cuales va la ayuda establezcan las condiciones necesarias para que la semilla fructifique. El desarrollo podrá ser permanente únicamente si los pueblos desfavorecidos se preocupan de constituir un orden interior que permita el buen gobierno y tomen medidas contra la corrupción, la violencia y la injusticia estructural en el cuadro del Estado de Derecho, de la libertad y de la democracia.
