Empresarios y obreros rechazaron este miércoles la militarización de que fue objeto la estatal Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), ordenada por el presidente Manuel Zelaya, en su propósito por sacarla de la severa crisis financiera que afronta.
“Las personas que fueron asignadas son capacitadas, pero no tienen ningún tipo de conocimiento de lo que es la respuesta que necesita la institución”, criticó el presidente de la cúpula empresarial, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Mario Canahuati.
“Ellos deben estar en la barraca porque son malos administradores, tuvieron 20 empresas y todas están quebradas o las vendieron”, advirtió por su parte el secretario general de la Central de Trabajadores (CGT), Daniel Durón.
Por orden del presidente Zelaya, una veintena de militares asumió el martes la administración de la ENEE, que arrastra un déficit de unos 210 millones de dólares y que aumenta cada día porque vende la energía a menor precio del que la compra.
La ENEE genera a través de hidroeléctricas un tercio de los 1,000 megavatios/hora que consume Honduras y el resto lo compra a empresas privadas de generación térmica.
DÉFICIT Y PÉRDIDAS
Según el gobernante, la ENEE gasta el equivalente a 473 millones de dólares al año por la energía que genera y que compra, pero la vende por 315 millones, lo que la ha llevado a la quiebra.
Otra causa de la crisis financiera de la compañía es la falta de pago de parte de instituciones estatales y empresas privadas.
El ministro de Defensa, Arístides Mejía, prometió que los militares bajarán las pérdidas de la institución a un 12 por ciento, estimadas actualmente en 25.4 por ciento.
Para reducir las pérdidas, los militares iniciaron este miércoles la Operación Tijera contra los morosos.
La ENEE tiene 900,000 abonados en el sector residencial y 100,000 en el comercial.
“¿Qué andan haciendo allí las Fuerzas Armadas, cuando somos un gobierno democrático que la soberanía radica en nosotros”, interrogó Durón. Los militares que llegaron a tener unas 20 empresas en los años 80 han vendido la mayoría y conservan algunas de poco valor, como funerarias y cementerios privados y la única venta de armas del país.
Desde 1963, cuando controlaban el poder a través de golpes de Estado, los militares ejercían control de instituciones gubernamentales como la Policía, la marina mercante, la compañía de teléfonos y la oficina de migración, incluso con gobiernos democráticos que se instalaron en enero de 1982.
Pero en 1994, en el gobierno liberal de Carlos Roberto Reina (1994-98), debieron entregar el control de todas las instituciones.
“Nos da miedo que de manera eventual (la ENEE) caiga en manos de militares, que en aquellos tiempos hicieron de las suyas”, advirtió en declaraciones al diario El Heraldo, el ex presidente del Cohep, Eduardo Facussé.
“Advertimos que esas decisiones pueden terminar en una confrontación entre empleados y militares”, alertó el presidente del Sindicato de Trabajadores de la ENEE (STENEE), Miguel Aguilar.
Un vocero de la institución reveló que 106 empleados del área administrativa fueron despedidos el martes por los militares en la región norte del país.
