La noche del lunes miré las declaraciones del contralor Guillermo Argüello Poessy en un canal de televisión, en las que formulaba algunas observaciones al procurador especial penal, Iván Lara Palacios, que no eran más que una especie de reseña sobre las funciones que este último debe desempeñar.

Oportuna la intervención del doctor Argüello Poessy y eso pone en perspectiva qué tanto se está utilizando el poder que tienen las instituciones para perseguir a los adversarios políticos, neutralizarlos y sacarlos de un escenario determinado.

En este ambiente político muy revuelto en Nicaragua, no se puede dejar de pensar que hay altos funcionarios en los poderes del Estado que están hilando fino para politizar más las instituciones.

Y lo digo porque el día que el Presidente de la República, Daniel Ortega Saavedra, salió del país en un recorrido internacional, sin cuidar el contenido de su lenguaje, ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR), al Ministerio Público y a la Policía Nacional, iniciar una investigación a fondo para determinar responsabilidad penal contra las personas señaladas de extorsionar a inversionistas extranjeros y nacionales, a propósito del escándalo en que se ha visto involucrado el militante sandinista Gerardo Miranda y el empresario Armel González.

La preocupación de Ortega es correcta, lo que no es oportuno es ordenarle al Ministerio Público hacer lo que él dice. En todo caso, se puede instar a que se realicen las investigaciones pertinentes.

De allí surge otra preocupación: querer manosear a instituciones como el Ministerio Público. Está bien que Ortega ordene a la Procuraduría porque es el abogado del Estado, y a la Policía porque es su brazo coercitivo, pero no al Ministerio Público. El hecho de que la fiscal adjunta y el inspector general del Ministerio Público sean afines al partido sandinista no le da derecho a Ortega a ordenarle nada a esa institución.

Si a lo anterior le sumamos que el Poder Judicial ha sido cuestionado seriamente por la conducta de algunos jueces y magistrados, sólo imaginemos que cualquier partido en el poder haga lo suyo con las instituciones, sin el menor respeto a las leyes orgánicas.

A lo anterior le sumamos la intranquilidad de los defensores públicos, principalmente en los departamentos, por actitudes de algunos magistrados que muy sutilmente dejan el mensaje que si no se hacen algunas cosas que ellos quieren, serán despedidos de sus puestos. ¿Es que acaso algunos magistrados quieren conseguir algo más que impartir justicia? Esto sería incorrecto y los magistrados así como son elegidos en la Asamblea Nacional, pueden ser destituidos si sus actos riñen con la ley.

También hay preocupación entre fiscales de algunos departamentos por el rumbo que pueden tomar las cosas en el Ministerio Público, donde se ha trabajado en función de la profesionalización del mismo.

Es muy importante que los funcionarios se ajusten a las leyes orgánicas de las instituciones para las que trabajan y no invadan funciones y áreas de competencia. La Procuraduría General de la República no debe afectar al Ministerio Público y viceversa, o, algunos jueces y magistrados no deben vulnerar los derechos de las personas implicadas en un juicio por intereses personales.