LA HAYA. - Nicaragua defendió el martes en La Haya la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en el diferendo que la enfrenta a Colombia por una extensión de 50,000 km2 en el Mar Caribe, y que Bogotá considera cerrado y fuera de la competencia del máximo órgano judicial de la ONU.
"Nicaragua nunca trató de evitar la jurisdición de la Corte", dijo en la segunda jornada de audiencias el agente nicaragüense del caso, el embajador en Holanda Carlos Argüello Gómez, acusando a Colombia de un "intento de escapar" a la competencia del tribunal en la causa iniciada por Managua en 2001.
En esa demanda, Nicaragua reclama su soberanía sobre una extensión insular y marítima de 50,000 km2 en el Mar Caribe, una zona que incluye las islas San Andrés, Providencia y Santa Catalina y los cayos Roncador, Serrana, Serranilla y Quitasueño.
Según Nicaragua, Colombia obtuvo el control de ese territorio a partir de una interpretación unilateral del Tratado Barcenas-Esguerra de 1928, que Nicaragua considera nulo porque fue firmado cuando el país estaba bajo ocupación militar norteamericana (1927-1934).
Para justificar la competencia de la CIJ, Nicaragua invoca el artículo XXXI del Tratado Interamericano para la Solución Pacífica de Conflictos, conocido como "Pacto de Bogotá", firmado en abril de 1948 y del que ambos países forman parte.
De su lado, Colombia pidió el lunes a Corte de La Haya declararse incompetente en este caso y darlo por cerrado, aduciendo que el "Pacto de Bogotá" no somete a la jurisdicción de la CIJ los acuerdos internacionales que se hayan suscrito antes de la fecha de entrada en vigencia del tratado.
En su exposición del martes, el embajador nicaragüense Argüello Gómez reiteró que el acuerdo de 1928 fue firmado en un momento en el que "el control total de Estados Unidos sobre Nicaragua es un hecho reconocido en la historia", justificando su nulidad declarada por el gobierno sandinista en 1980.
LOS CAYOS
Pero Argüello Gómez también se refirió a otro problema: la interpretación que hizo Colombia del acuerdo en cuestión y a través de la cual se adjudica la soberanía de los cayos Roncador, Quitasueño y Serrana y zonas marítimas, que no estaban incluidos en el convenio Bárcenas-Esguerra.
Esta interpretación surge del protocolo adicional de 1930 que menciona al Meridiano 82 como límite del archipiélago de San Andrés, y que Colombia utilizó a partir de 1969 para reclamar sus derechos sobre esos cayos, ubicados al este de esa línea, señaló Argüello Gómez ante el tribunal presidido por la británica Rosalyn Higgins.
Además, enumeró las negociaciones bilaterales para buscar una solución al litigio en los años 70 y en 1995, prueba de que esos territorios y las zonas exclusivas en el Mar Caribe no estaban zanjadas por el acuerdo Bárcenas-Esguerra.
El argumento de Argüello Gómez fue sostenido por el profesor de la Universidad de París X, Alain Pellet, quien defendió la competencia de la CIJ al menos en las cuestiones de la plataforma continental y las zonas económicas exclusivas.
"Nicaragua pide que todas las alternativas sean tenidas en cuenta (...). No hay dudas de que la Corte tiene competencia para pronunciarse sobre la plataforma continental y las zonas económicas exclusivas, ya que de ninguna manera el acuerdo de 1928 pudo haber zanjado la cuestión", dijo.
En la misma línea, otro jurista del equipo de Nicaragua, el profesor de Derecho Internacional de la Universidad Autónoma de Madrid, Antonio Remiro Brotons, recordó que "Nicaragua no busca la revisión del tratado Barcenas-Esguerra de 1928", al que considera nulo.
"Si no lo es, hay una violación grave de parte de Colombia", lo que justifica la introducción de la demanda ante la CIJ, afirmó. "El acuerdo no trata el litigio sobre Roncador, Serrana y Quitasueño. Ni el tratado ni su protocolo tienen nada que ver con la delimitación de zonas marítimas", aclaró.
Si bien la cuestión se encuentra en la Corte de La Haya desde hace seis años, el tono de la disputa subió considerablemente en los últimos meses, en particular luego de que ambos gobiernos abriesen procesos de prospección de petróleo en la zona en disputa.
Colombia y Nicaragua dispondrán de una segunda oportunidad para argumentar el jueves y viernes, tras lo cual, los magistrados analizarán el caso y emitirán una sentencia.
