La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), suscribió ayer seis convenios de cooperación con organizaciones de la sociedad civil que conforman el grupo de seguimiento a la Convención Interamericana Contra la Corrupción (CICC).
Los convenios fueron firmados por el embajador de Estados Unidos en Nicaragua, Paul Trivelli; el director de USAID en Nicaragua, Alex Dickeie, y representantes de las organizaciones civiles involucradas.
Trivelli destacó que Nicaragua es el primer país en la región en organizar las capacidades de la sociedad civil para fiscalizar el desempeño gubernamental en el marco de la CICC, y en colaborar con los socios del Gobierno en la mejora de los sistemas de control y prevención de los abusos.
“Es tremendamente motivador ver el liderazgo y la visión que tienen las organizaciones aquí presentes en promover la transparencia y la democracia”, afirmó Trivelli, a la vez que felicitó a las organizaciones beneficiadas por estar a la vanguardia en la promoción de la transparencia en la gestión pública.
Según la USAID, el monto de los convenios asciende a más de 500 mil dólares, los que serán invertidos en la divulgación de la CICC, así como en la promoción de la participación ciudadana en la verificación del cumplimiento de la misma por el Estado de Nicaragua.
La CICC fue suscrita por Nicaragua en 1996 y ratificada en 1999.
Trivelli anunció, además, que en los próximos meses la USAID estará dando a conocer varias herramientas que servirán para monitorear los avances de la lucha contra la corrupción en Nicaragua.
El grupo de seguimiento de la CICC está integrado por la Fundación Violeta Barrios, el Grupo Fundemos, el grupo cívico Ética y Transparencia, la Universidad Paulo Freire y la Asociación de Auditores Internos, entre otros.
Patricia Mayorga, directora ejecutiva del Grupo Fundemos, destacó que Nicaragua como firmante de la convención ha adquirido compromisos importantes, no obstante, dijo que hay un desconocimiento generalizado de parte de la ciudadanía, lo que ha impedido que los mismos sean fiscalizados y monitoreados por la sociedad civil.
