El parlamento alcanzó ayer un acuerdo informal para controlar el comercio de combustible en el interior del país por parte de las denominadas “gasolineras de bandera blanca”, que no cumplen con las normas de protección al medio ambiente.
El presidente de la Comisión parlamentaria de Infraestructura y Servicios Públicos, Eliseo Núñez Hernández y el presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos, diputado José Pallais, dijeron que introducirán a la Ley de Hidrocarburos un articulado para sancionar a las empresas distribuidoras de combustible que subcontratan a pequeños sectores para comerciar, sin cumplir con las leyes ambientales.
“Proliferan en el país gasolineras de bandera blanca, que son distribuidoras sin ninguna marca registrada, no anuncian ninguna marca, para evitar estas responsabilidades (ambientales)”, dijo Pallais, representante del Partido Liberal Constitucionalista (PLC).
Núñez Hernández explicó que las grandes distribuidoras de petróleo deberían invertir medio millón de dólares en cada gasolinera del interior del país para cumplir con las normas ambientales. Pero no lo hacen.
El legislador agregó que para bajar costos de operación, las distribuidoras supuestamente hacen subcontrataciones y de paso no cumplen con la legislación ambiental.
“Las distribuidoras no quieren hacerse responsables, dejan solos a los propietarios porque dicen que establecer una gasolinera con todos los requisitos cuesta medio millón de dólares y eso no es rentable”, explicó Núñez Hernández.
“Hay muchas gasolineras en poblados pequeños y alejados donde despachan con barriles”, agregó el diputado por la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN).
La reforma a la Ley de Hidrocarburos incluiría sanciones a las empresas subcontratantes y a las llamadas “gasolineras de bandera blanca”.
DELITOS AMBIENTALES
Por otro lado, los diputados aprobaron nuevos artículos al Código Penal que sancionan la destrucción al medio ambiente.
“Se aprobaron dos disposiciones que sancionan las construcciones prohibidas en lugares especialmente protegidos”, explicó Pallais.
“Se contemplan además de la pena de prisión y de multa, la obligación del juez de ordenar la destrucción de las obras que se hayan construido en contra de las regulaciones de la materia, a costa del autor de esas construcciones”, agregó Pallais.
