Inversionistas del proyecto turístico Flor de Mayo, ubicado en Tola, recurrirán de queja ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en contra de la juez local único de ese municipio, Astrid Fonseca, por haber penetrado esa propiedad y pretender dejar en posesión a un grupo de personas de la comunidad indígena de las Salinas de Nagualapa sin ningún aparente sustento legal.
La denuncia del hecho la realizó ayer el asesor legal de ese proyecto, Guillermo Palacios Escobar, quien aseguró que el viernes pasado la judicial Fonseca se presentó en el proyecto turístico con una resolución de la juez de Distrito Civil de Rivas, Jenny Chávez, sobre una querella y amparo en la posesión de la propiedad, promovida por supuestos representantes indígenas.
La sentencia de la autoridad judicial de Rivas es contra los inversionistas del proyecto Flor de Mayo, Philip Christopher y Mark Wolte.
Desde hace varios años la propiedad donde se desarrollará el proyecto Flor de Mayo es reclamada por personas que dicen representar a los indígenas del sector, por considerar que esas parcelas es parte del territorio de su comunidad.
Palacios Escobar indicó que con la sentencia de la judicial de Rivas, los reclamantes indígenas solicitaron una certificación de la misma, que luego pusieron en conocimiento de la judicial de Tola, con quien posteriormente se trasladaron a la propiedad en conflicto para que los dejara en la posesión del bien inmueble.
Señaló que la judicial Fonseca incurrió en una serie de violaciones, porque intentó dejar en la posesión del bien inmueble a los supuestos representantes indígenas sin tener competencia ni jurisdicción para constituirse en el proyecto Flor de Mayo.
También porque intentó entregar la propiedad a otras personas sin cumplir con el proceso de actuación de sentencia, y por haber actuado sin ningún mandamiento judicial para llevar a cabo esa acción.
“Por esa y otras violaciones vamos a recurrir ante la Corte Suprema de Justicia”, dijo.
Explicó que con la actuación de la judicial Fonseca se violentaron los derechos constitucionales de su representado, porque existió un allanamiento de morada sin ningún respaldo jurídico.
“Para que la juez pudiera ingresar a la propiedad, debió haber tenido un mandato judicial que respaldara su acción, y aunque se le preguntó sobre ese documento, ella no lo presentó, indicó el representante legal del proyecto Flor de Mayo.
Relató que el día que la judicial Fonseca se presentó en el proyecto turístico, llegó acompañada de un grupo de agentes policiales.
De manera simultánea ingresaron varios grupos de entre 80 y 100 personas por los extremos de la propiedad.
Los vigilantes del proyecto trataron de detenerlos pero fue difícil y ante la agresividad de estas personas, Palacios Fonseca dijo a uno de los vigilantes realizara una detonación al aire con un arma de fuego, lo que provocó la intervención de la Policía Nacional, que se llevó detenido a tres vigilantes.
La juez Fonseca se retiró del lugar, dejando la propiedad en poder de sus dueños.
