Otra vez se está hablando de reforma constitucional, para modificar el período de las autoridades municipales. Y la intención, supuestamente, es ahorrarle gastos al Estado mediante la unificación de las elecciones de alcaldes y concejales con las nacionales.

Como se sabe, el artículo 178, numeral 4, de la Constitución Política de la República, establece que: “El período de las autoridades municipales será de cuatro años…”, en tanto que el artículo 148 señala que “el Presidente y el Vicepresidente (de la República) ejercerán sus funciones por un período de cinco años…”; y el 136 indica que “los diputados de la Asamblea Nacional serán elegidos para un período de cinco años…”

Esta regulación constitucional de los procesos electorales, se hizo para que las elecciones municipales no coincidieran con las presidenciales y de diputados. Así, la escogencia de los alcaldes y concejales no sería arrastrada, en cascada, por la del Presidente y los diputados, sino que se podría elegir en base a los intereses específicos de las comunidades locales. Y en cuanto a que la realización de las elecciones municipales por separado de las nacionales, obliga a un gasto excesivo e innecesario, lo cierto es que para que funcione bien la democracia hay que invertir recursos en ella, y entre más elecciones haya mejor se educa a los ciudadanos en valores cívicos y democráticos.

Pero no es el gasto público en elecciones lo que verdaderamente preocupa a quienes pretenden la reforma constitucional para unificar los comicios municipales y nacionales. En realidad, ¿qué puede preocuparle el gasto público a quienes han hecho del Estado un botín y se han enriquecido y siguen enriqueciéndose a expensas de los impuestos que pagan las personas que trabajan?

La verdadera motivación de esta propuesta de reforma constitucional es, evidentemente, el temor a sufrir una severa derrota electoral el próximo año. Y sobre todo quieren aprovechar la oportunidad para modificar el artículo 146 de la Constitución, que prohíbe la reelección presidencial consecutiva y establece que nadie puede ser Presidente de Nicaragua más de dos veces. Esto es lo que le interesa realmente a Daniel Ortega y sin duda que por conseguirlo está dispuesto a hacer todo lo que le sea posible.

Por otra parte, no sólo la reelección presidencial continua se podría derivar de una reforma constitucional pactista que se hiciera en las actuales circunstancias políticas; también podrían constitucionalizar los Consejos de Participación Ciudadana (CPC), que son los órganos partidistas diseñados para controlar a los ciudadanos y apuntalar la nueva dictadura que pretenden imponer Daniel Ortega y su consorte.

Si el ambiente político de Nicaragua fuese sano y confiable, se podría impulsar una reforma constitucional que es verdaderamente necesaria para, por ejemplo, consagrar la no reelección absoluta, despartidarizar el nombramiento de los magistrados judiciales y electorales y de los contralores y fiscales, así como para establecer un efectivo y no totalitario control de los ciudadanos sobre el ejercicio de los poderes públicos; y además, para dejar establecido que bajo ninguna circunstancia se pueden menoscabar los derechos individuales de las personas, ni quebrantar la base de la democracia representativa, ni suprimir o limitar el pluralismo humano, político e ideológico.

Eso es lo deseable, pero no lo posible. En la situación actual de Nicaragua, una reforma constitucional podría ser más bien una Caja de Pandora de la que saldrían calamidades peores que las que ya está sufriendo el país, y en el fondo de la cual ya no quedaría ni siquiera la esperanza.

El FSLN de Daniel Ortega tiene 41 votos en la Asamblea Nacional, incluyendo a los tres diputados que le quitó a los partidos democráticos (dos al MRS y uno a la ALN). Le hacen falta por lo menos 14 votos para poder aprobar una reforma constitucional. ¿Se los dará el PLC por orientación de Arnoldo Alemán, como ya antes le dio la fórmula del 35 por ciento para que pudiera ganar la elección presidencial? ¿O respetará dicho partido su propio acuerdo de revocar el pacto, que fue adoptado en la reciente convención del 11 de julio? ¿Podrán los diputados del PLC que no quieren más pacto, vencer a sus correligionarios pactistas?

Por el bien de Nicaragua y la salvación de la democracia, esperamos que sí.