La “ayuda” del gobierno de Hugo Chávez hacia el gobierno y pueblo de Nicaragua, tal como está planteada es una espada de doble filo, porque así como puede ser muy beneficiosa si es usada correctamente, también podría generar más deuda, pobreza, corrupción, conformismo y otros vicios y desgracias, si los recursos son utilizados mal. Hay que tener presente que Venezuela en realidad no está regalando nada. La urea, las plantas eléctricas, los tractores, el petróleo, la proyectada refinería…. todo tendrá que ser pagado. La ventaja es que estos bienes se están recibiendo al crédito, a largo plazo y a intereses bajos. Pero por lo demás es deuda que debe saberse administrar. Por lo tanto, los diputados de la Asamblea Nacional deben tener cuidado con lo que permiten y “con libertad de espíritu”, decir no “ a lo que facilita y estimula la corrupción.
Federico Nietzsche, filósofo alemán, dijo: “Yo entiendo por libertad de espíritu algo definitivo: La voluntad incondicional de decir “no” cuando es peligroso decir “no”. Es cierto. Los diputados deben decir “no” al manejo discrecional y partidario de lo que venga a Nicaragua desde Venezuela, aunque sean acusados de “conspiración”. La Asamblea Nacional podría, por ejemplo, aprobar una ley que obligue a canalizar cualquier “ayuda solidaria” procedente del Gobierno de Venezuela a través del Presupuesto General de la República, y prohibir que sociedades anónimas como Albanisa —creadas expresamente para esquivar la fiscalización de fondos procedentes de la venta de petróleo venezolano— sirvan para beneficiar con las ganancias al partido sandinista. ¿Por qué Daniel Ortega hace lo imposible para que recursos destinados al pueblo nicaragüense no estén sometidos a mecanismos de supervisión y control? ¿Qué es lo que teme? En realidad, siempre que hay dinero de por medio existe el peligro de corrupción y defraudación. El viejo refrán de que “en arca abierta, el justo peca” cobra especial relevancia en nuestro medio político, el cual no se ha caracterizado por la abundancia de “justos”. Pero si hasta con los justos hay que tomar medidas para ayudarles a conservar su integridad, ¿cuánto más con aquellos que han hecho de la injusticia y del asalto a los bienes del Estado, una forma de vida?
Ningún gobernante es suficientemente fuerte, sabio e íntegro para gobernar y manejar recursos del Estado sin controles y no abusar de ellos ni equivocarse. Carmen Cristina Wolf, escritora venezolana, decía en un artículo reciente: “El gobernante debe tener límites muy definidos en sus atribuciones. El mejor sistema de gobierno es aquel que parte de la premisa de que los gobernantes no son mejores ni más sabios que sus gobernados. Ellos también se equivocan, cometen errores, injusticias, etc.”. De tal forma que los controles son una ayuda al buen gobierno y en vez de evitarlos hay que promoverlos y perfeccionarlos. Esto es actuar con responsabilidad y con transparencia.
La ayuda venezolana conlleva asimismo el peligro de imbuir en la sociedad la falsa creencia de que los países amigos son los que van a resolver los problemas de pobreza, desempleo y subdesarrollo de Nicaragua. Extender la mano para que le den a uno es fácil, cómodo y tal vez —de vez en cuando— válido. Pero si un pueblo se acostumbra a vivir de la caridad, a largo plazo esta práctica se convierte en un vicio que inhibe el esfuerzo propio, mata el orgullo, la iniciativa, la creatividad, la capacidad de autoadministrarse, la diligencia para buscar salidas. Crea falsas expectativas del futuro. Lo que realmente resuelve el problema económico es la generación de empleo y el aumento de la producción, producto de las inversiones privadas. Y los inversionistas exigen legalidad, respeto a la propiedad privada y estabilidad política.
Finalmente, al regular los canales de la cooperación venezolana, hay que considerar la posibilidad de que Hugo Chávez salga del escenario político venezolano. Luziano Álzaga, periodista uruguayo, ve el proceso “bolivariano” de Chávez “como una pirámide invertida: Arriba, las masas populares; en el medio, la burocracia chavista y abajo, el propio Chávez soportando sobre sus hombros ese peso”. Si Chávez sale, la pirámide que constituye su proyecto se derrumba. Si así ocurriera, ¿en qué quedarían los acuerdos concesionales de su gobierno con Nicaragua? ¿Qué tipo de exigencias plantearía una nueva administración? ¿Quién responderá por las millonarias deudas?
