Entre los 4 y los 19 años las mujeres son más vulnerables ante los violadores. Un estudio del Centro de Mujeres Ixchen que tomó como muestra 33 casos de niñas y adolescentes víctimas de violaciones encontró que las mujeres en esta edad son víctimas, mayoritariamente de sus propios familiares.
De los casos analizados el 45 por ciento fueron cometidos por familiares y otro porcentaje igual por conocidos. Las edades de los hombres autores de este delito oscilan entre 14 y 80 años.
En cuanto a la “forma” que adquirieron estos casos las instancias correspondientes consideraron que el 63.6 por ciento debía encajar como violación y/o abuso deshonesto. Seguido del 18.2 por ciento como violación con resultado de embarazo.
El acoso sexual se ubicó en la tercera posición de la tabla con el 6.1 por ciento.
POCAS SENTENCIAS
El papel del Poder Judicial en estos casos es cuestionable. El año pasado, solamente el 12 por ciento de las denuncias obtuvo una condena.
Esto despertó la preocupación en ese poder del Estado. Las sentencias en su mayoría son dictadas por jueces mujeres y favorecen a los victimarios o son “suaves” con ellos.
El año pasado, el vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rafael Solís, llamó a los jueces hombres y mujeres a tomar conciencia y actuar con mano dura en estos casos de violencia intrafamiliar, como un mensaje contra los agresores.
El doce por ciento de condenas que refleja el estudio de Ixchen se contrapone a otro dato que fue dado a conocer durante un foro internacional sobre el tema, en septiembre de 2006.
FLEXIBILIDAD DE LA PRUEBA
El estudio en cuestión indicaba que en más de mil sentencias sólo en ocho de éstas se aplicaron medidas cautelares y en el 58.4 por ciento de los acusados resultaron absueltos.
Basado en este dato, el magistrado Solís llamó a los funcionarios judiciales a valorar con más flexibilidad la prueba, tomando en cuenta que en este tipo de juicios los testigos son pocos y en muchos casos los niños son los testigos y temen declarar en un tribunal.
“Uno pone los casos y la autoridad sólo lo que hace es pedir testigos. ¿Y qué testigos puede tener uno si los violadores siempre buscan la noche, los lugares solitarios, aprovechan que las niñas están solas para cometer sus fechorías. Una niña fue llevada con todas las evidencias del abuso y aún así no hicieron nada por ella”, comento una persona en un grupo focal realizado en Matagalpa, de acuerdo al documento.
En tanto, la muestra de Ixchen para realizar su estudio, fue tomada de casos que fueron acompañados por esa organización y se trata de mujeres que tomaron la decisión de denunciar ante las instancias correspondientes.
Los 33 expedientes de niñas y adolescentes corresponden al primer trimestre de 2006, denunciados en los Centros de Mujeres de Managua, Matagalpa, Granada, Masaya y Estelí.
ALGO “NATURAL”
“La mayoría de los casos de violación quedan impune. Los tribunales de jurados los declararan inocente, porque priva la cultura machista patriarcal que considera a la violación como algo natural”, cita el estudio.
Según las estadísticas de la Comisaría de la Mujer citadas en el estudio de Ixchen, de 20,964 denuncias recibidas en el 2006 solamente 11,817 casos fueron considerados como delito.
De esa cantidad solamente el 51 por ciento fue remitido a la Fiscalía, es decir 5,970 casos.
Sin embargo, aún se desconoce cuántas acusaciones fueron llevadas a juicio, de acuerdo con el documento denominado La Difícil Ruta del Acceso a la Justicia.
Uno de los hallazgos revela que hay dificultades para que las víctimas de violación obtengan justicia. Los obstáculos están en las mismas instituciones del Estado.
Lograr que un caso de maltrato sea tratado como un delito y no como una falta es una de las insistencias que la Red de Mujeres Contra la Violencia ha hecho a la Policía.
Dentro de los factores que inciden en el difícil acceso a la justicia de las mujeres, menores y niñas víctimas de violencia de género, se han encontrado diversas causas. La falta de comprensión de los partidos políticos es una.
El estudio presentado por la ex fiscal adjunto, María Lourdes Bolaños, quien expuso que los políticos son los responsables de todo lo que pasa en la toma de decisiones como la elaboración de leyes en el Parlamento, el presupuesto de la República, la creación de las instituciones y del nombramiento de las altas autoridades del país, que representan la base estructural para facilitar o no el acceso a la Justicia en Nicaragua.
“De ahí, la capacidad limitada del Ministerio Público para su actuación efectiva en nombre y representación de la víctima que le corresponde de conformidad con la Ley, más aún cuando la víctima es menor de edad y no tiene quién la represente. El Ministerio Público apenas cubre un 50 por ciento de los municipios en el territorio nacional”, expone Bolaños.
Otro de los factores que influye en el acceso a la justicia es la ubicación geográfica de las casas de justicia y el centralismo de las funciones, lo cual afecta a la población más vulnerable.
Este dato se comprobó mediante el estudio de los casos en Matagalpa y en las zonas rurales de Managua.
Hasta finales del año pasado, la Policía contaba con 23 Comisarías de la Mujer y de la Niñez y se preveía la construcción de siete más en 2007.
UN PROBLEMA ECONÓMICO
En tanto, la situación económica de las víctimas y su familia entra a engrosar la lista de problemas de acceso a la justicia.
Del dinero, depende muchas veces “ la posibilidad de interponer una denuncia de manera oportuna, o bien, de continuar un proceso, habiendo casos en los que no hay recursos para el transporte, mucho menos para pagar un abogado”, detalla el informe.
