La Primera Comisionada Aminta Granera, Jefa de la Policía Nacional, negó que exista una grabación que involucre al magistrado del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM), Enrique Chavarría, con el crimen organizado, tal como lo habrían expuesto dos comisionados mayores la semana pasada a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), según fuentes de ambas instituciones.
La afirmación de Granera contradice lo que habrían expuesto los comisionados mayores Leonel Vanegas y Denis Tinoco, quienes a “puertas cerradas” —según las fuentes— dijeron a los magistrados de la CSJ, que existían evidencias contra funcionarios del Poder Judicial, entre éstas una grabación en la que supuestamente aparecía Chavarría “negociando” una suma de dinero con personas ligadas al narcotráfico.
“Yo no sé de dónde lo sacarían, yo no conozco esa grabación. No sé de dónde la sacaron ustedes, porque yo más bien los iba a llamar para que me la dieran, porque yo no la tengo”, expresó Granera vía telefónica.
La supuesta grabación es considerada en la Corte como una de las bases para destituir de sus cargos a Chavarría y su colega René Robelo por haber dictado una sentencia que favoreció a tres personas condenadas a diez años de prisión por el tráfico de 3,100 kilos de cocaína.
CHAVARRÍA DENUNCIA “MONTAJE” POLICIAL
El magistrado Chavarría, actualmente suspendido, señaló que ha habido un ataque seguido de la Policía y de algunos magistrados del Tribunal Supremo.
Además, relacionó tres momentos distintos en que la Policía hizo varias imputaciones en su contra en una misma semana. Según él, inicialmente, en una reunión de las autoridades de la Policía, éstas expresaron que había una información en su contra brindada por una persona de la cual no podían dar su nombre.
“Posteriormente dijeron que también existía una filmación y en esta ocasión han indicado las autoridades de la Policía que tenían una grabación telefónica. Entonces podemos ver tres distintas exposiciones de las autoridades de la Policía”, expuso Chavarría.
El magistrado judicial objetó la interceptación de llamadas telefónicas, las calificó de ilegales y solicitó que las evidencias que puedan haber en su contra sean legítimas y no se actúe simplemente a través de “montajes” y conversaciones “cortadas”.
“No hay una verdad, no hay un profesionalismo (de la Policía)”, apuntó.
Fuentes de la Corte y la misma Policía dijeron la semana pasada a LA PRENSA que las graves imputaciones contra el magistrado Chavarría fueron expuestas por la Policía y el Ministerio Público (de forma separada) a los magistrados judiciales, en el marco de las investigaciones de la sentencia que liberó a los procesados por narcotráfico.
“NO HAY PRUEBAS”
El Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial de la CSJ investiga a todos los miembros de la Sala Penal Uno del TAM que participaron en la emisión de la sentencia.
Además de Chavarría, los investigados son los magistrados René Robelo y Óscar Loza, este último firmó la sentencia tres días antes de jubilarse; la secretaria de la Sala, Aura Doña y la asesora Ana Gloria Reyes.
La inexistencia de esta prueba que la Policía dijo tener ante la Corte, se convirtió ahora en uno de los puntos a favor de Chavarría, pues a su juicio el máximo tribunal no tiene fundamento para destituirlo a él y al resto de investigados.
Un magistrado de la CSJ también confirmó ayer a LA PRENSA que el órgano policial no les entregó ninguna grabación, pero reiteró que los comisionados mayores Vanegas y Tinoco les hablaron de una grabación que implicaba a Chavarría. A pesar de todo, a más tardar el viernes próximo la Corte Plena decidirá sobre el caso.
“Nosotros vamos a apoyar lo que nos diga la Comisión Disciplinaria”, indicó uno de los magistrados consultados que pidió no citáramos su nombre para evitar ser recusado.
Extraoficialmente se conoce que dentro de las filas del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) hay intereses personales y partidarios para sacar a Chavarría y ocupar su cargo con otros funcionarios fieles al presidente Daniel Ortega.
MANDOS POLICIALES CALADOS
Ayer por la mañana, altos mandos policiales evitaron comentarios sobre el caso.
LA PRENSA llamó al teléfono celular del Comisionado general Carlos Palacios; consultó en Jinotepe al Inspector General de la Policía, Juan Báez y al vocero policial Alonso Sevilla, pero ninguno de ellos quiso profundizar y los dos últimos se limitaron a decir: “No hay comentarios al respecto”.
Antes de conocerse las declaraciones de Granera, el fiscal general Julio Centeno Gómez, expresó que la Policía Nacional no se puede quedar con la evidencia que dijo tener contra el magistrado Chavarría.
“Si la Policía dio semejante noticia no se puede quedar con ella guardada, tendría que ir al destinatario (...) es el Ministerio Público”, sostuvo Centeno.
Recordó que el órgano policial y la Fiscalía son “parientes inevitables” porque así lo manda la ley y por ende, está sujeta jurídicamente al Ministerio Público.
CHAVARRÍA NO DEMANDARÁ
Chavarría descartó emprender acciones legales contra la institución policial, para no “hacer las cosas más grandes” y consideró que una información no acertada de parte de la Policía es más bien un daño moral que “ha sido más grande para ellos que para mi”.
