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Enrique Chavarría. (LA PRENSA/ ARCHIVO )
Policía hunde a Chavarría
Fuentes de la Corte y la Policía hablan de grabación que supuestamente implica a magistrado Chavarría
El funcionario judicial actualmente suspendido, reta a la Policía a “que saque la grabación”
Mirna Velásquez Sevilla y Eduardo Cruz Sánchez
nacionales@laprensa.com.ni
Plan de secuestro

El magistrado de la Sala Penal Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM), Enrique Chavarría, dijo que fue informado de los planes de secuestro que había en su contra de parte de gente ligada al cártel de Sinaloa.

“A mí me iban a secuestrar. El 30 de mayo llegó a decirme la Policía a mi casa, que me iban a secuestrar”, expresó.

Según Chavarría, el jefe de la Dirección de Inteligencia policial, por instrucciones del comisionado mayor Carlos Palacios, le dio a conocer la información.

“Me dejaron unas fotos de unas mujeres y todo”, puntualizó, tras detallar que supuestamente estaban detrás miembros del cártel de Sinaloa, que en aquel momento acababan de ser capturados algunos miembros.

Una grabación en la que supuestamente aparece el magistrado Enrique Chavarría negociando con personas vinculadas al narcotráfico el pago de una fuerte suma de dinero, fue dada a conocer por la Policía Nacional a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), según confirmaron fuentes de ambas instituciones.

La grabación está manos de la Policía y de acuerdo con las fuentes, el magistrado Chavarría aparece negociando con personas vinculadas al crimen organizado, particularmente al juicio a tres personas por el trafico de más de tres toneladas de cocaína, que hoy gozan de su libertad gracias a una sentencia emitida por los magistrados de la Sala Penal Uno.

Chavarría descartó que exista tal grabación y retó a la Policía a presentarla.

“Que la saquen, si dicen que la tienen, que la muestren, porque en todo caso estarían siendo encubridores de delito. No pueden tener grabación porque no he hecho nada irregular. ¿Qué grabación pueden tener?”, expresó telefónicamente el magistrado.

Chavarría es investigado junto a los magistrados René Robelo y Oscar Loza (actualmente jubilado) por haber ordenado la libertad de Álvaro Parrales Gago, Noel del Socorro Rugama y Juan Francisco Hernández Mendieta, condenados a diez años de prisión por el tráfico de 3,100 kilos de cocaína. Éste ha sido calificado como uno de los quiebres más grandes realizados por la Policía Nacional.

La sentencia fue dictada el 8 de junio pasado y los magistrados han argumentado la falta de evidencias contra los acusados, producto de una mala investigación policial y fiscal.

“Que hagan las averiguaciones que quieran. Cuando uno está limpio no tiene por qué esconderse, no tengo por qué dormir asustado en mi casa”, afirmó el magistrado penal, luego de decir que no tiene temor de nada, porque está seguro de lo que hace y de haber actuado limpiamente.

La Policía defendió su investigación ante la Corte Plena el pasado miércoles y fue más allá en su exposición al mencionar la existencia de una red de abogados que trabajan en función del narcotráfico, coludidos con funcionarios del Poder Judicial.

Chavarría dijo que se trata de un montaje en su contra e incluso mencionó que días atrás se enteró que buscarían testigos falsos que son abogados informantes de la Policía, para involucrarlo en actos irregulares.

“De eso me di cuenta hace como quince días y se lo dije a varios amigos para que tuvieran conocimiento”, sostuvo Chavarría.

SECRETARIO DE SALA PENAL RECHAZA SEÑALAMIENTOS

Según las fuentes, uno de los nombres que fue mencionado como parte de la red fue el del secretario de la Sala Penal, José Antonio Fletes, pero éste negó enfáticamente que trabaje en conjunto con abogados para dictar sentencias favorables al narcotráfico, alegando que no está dentro de sus funciones dictar resoluciones.

El nombre de Fletes salió a luz durante la audiencia de la Policía y la Corte Plena, y también fue relacionado su hermano Francisco Fletes, uno de los abogados que forma parte del cuerpo de defensores de Guillermo José Ramírez Martínez, uno de los procesados por narcotráfico en el juicio conocido como “Sinaloa”, que se tramita en un tribunal de Tipitapa.

“Yo soy un simple tramitador de expedientes. Yo no soy el que fallo siquiera, no tengo ninguna injerencia”, sostuvo Fletes.

FLETES DICE QUE HA RECIBIDO AMENAZAS

Negó que su caso haya sido expuesto durante la reunión del pasado miércoles, como indicaron las fuentes, sino que se trató de una preocupación expresada por el magistrado del supremo tribunal, Ramón Chavarría, quien mencionó ante sus colegas de la Sala Penal las amenazas de muerte que estaba sufriendo.

Fletes informó que denunció ante la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) de la Policía Nacional, el 16 de julio pasado, que ha recibido varias amenazas a través de mensajes de texto a su teléfono móvil.

El primero lo recibió el 6 de julio a las 10:17 p.m. La última amenaza fue hecha el jueves pasado a las 2:00 p.m.

“José Antonio Fletes, como no has regresado los 50 mil $ te liquidaremos, si no a tu mujer”, reza uno de los mensajes que según Fletes provienen del mismo teléfono celular que la Policía investiga.

“Como no cumpliste con la libertad de los de Sinaloa, te vamos a matar”, dice otro de los mensajes.

Fletes insistió en que no tiene ninguna relación con el caso y mencionó que las amenazas de muerte también han incluido al magistrado Ramón Chavarría, Ileana Pérez y al juez Jaime Alfonso Solís.

MENSAJE RARO

Solís, juez Cuarto de Distrito Penal de Juicio, confirmó que a él le han llegado mensajes de texto “extraños”, a su teléfono celular, aunque dijo que no son amenazas propiamente dichas.

“Un mensaje que me cayó hace una semana no es amenazante, sino que es extraño porque expresaba que la doctora Ileana Pérez había hecho una fiesta y que su traslado y la reelección de la doctora Alba Luz (Ramos) habían sido con dinero de los narcotraficantes”, expresó Solís, quien agregó que también le llegaron mensajes similares a la magistrada de Apelaciones Rafaela Urroz, pero ella lo negó de forma categórica.

Urroz es cónyuge de Ramón Rojas, abogado que participa en la defensa de uno de los procesados más “gruesos” del caso “Sinaloa”.

Según Solís, se comunicó con las magistradas Ramos y Pérez para informarles del mensaje que recibió, y junto a la magistrada Urroz pusieron en conocimiento del hecho a la Policía, quienes iniciaron las investigaciones.

LA PRENSA trató de consultar sobre el caso a las magistradas Alba Luz Ramos e Ileana Pérez, así como al magistrado Ramón Chavarría, pero ninguno contestó las llamadas.

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